El error de encarecer el despido

Varios tribunales han reconocido en distintas sentencias una indemnización adicional por despido tras apreciar daños morales al trabajador o lucro cesante. Los jueces han llegado a esta decisión en casos en los que el finiquito era exiguo y todo indicaba que la empresa había procedido a la extinción del contrato por el poco sacrificio económico que ello implicaba. Al no haber causa real esto supone un fraude de ley o abuso de derecho por parte de la compañía.

De momento, estos fallos no han creado jurisprudencia al respecto y, por tanto, aunque algunos jueces valoran conceder este tipo de indemnizaciones complementarias, otros lo rechazan. Pero sí suponen un argumento al que se puede agarrar Yolanda Díaz para impulsar una normativa más restrictiva respecto a la finalización de los contratos. Una reforma que ya está incluida en el pacto de Gobierno de PSOE y Sumar y que conllevaría iniciativas que van más allá del aumento de los finiquitos.

De hecho, ambos partidos plantean endurecer las causas, incluida la del periodo de prueba, y dar más herramientas a los jueces para decretar la improcedencia en un despido. Una medida que obligaría a readmitir al trabajador en más ocasiones o a pagar la compensación más elevada (33 días), pese a que España ya tiene el coste por despido más caro de toda la UE. A lo largo de la pasada legislatura el Gobierno aprobó medidas que obstaculizaron y encarecieron los despidos, lo que no ha servido para reducir los ceses de contratos.

Por tanto, aprovechar las sentencias judiciales para justificar un recorte aún mayor a la ya exigua flexibilidad del mercado laboral para ajustar las plantillas es un camino erróneo. Esto condenaría al cierre a las empresas en tiempos de crisis, especialmente a las pymes, y reduciría la creación de empleo.

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