El PSOE y ERC firmaron un acuerdo que va más allá de la investidura de Sánchez, ya que podría asegurar el apoyo de los republicanos a los Presupuestos de los próximos años. Con ello, el Gobierno logra estabilidad, pero paga un precio muy alto. Para empezar con una ley de amnistía que es inconstitucional y un ataque al Estado de Derecho. El pacto también incluye el traspaso integral del servicio de Cercanías a la Generalitat, que incluirá las vías de Adif, los trenes de Renfe y los fondos para gestionar la red. Y por si fuera poco, el Ejecutivo asumirá parte de la deuda de Cataluña al condonar el 20% de la liquidez que obtuvo el Govern a través del FLA (15.000 millones más intereses). Una quita que hace extensible al resto de comunidades autónomas, pero que supone un trato de favor inaceptable hacia el independentismo frente a los gobiernos regionales que sí fueron responsables en su gestión.
