En el mismo país y casi coincidiendo en el tiempo en el que Pedro Sánchez y miembros de su Gobierno y su partido negociaban una amnistía y se reunían con delincuentes condenados y prófugos de la Justicia, para vender España y a los españoles a su enemigos, directivos de Repsol certificaban el cumplimiento de la amenaza de deslocalización de inversiones del consejero delegado de la multinacional, Josu Jon Imaz, y confirmaban la paralización de cinco proyectos de interés primordial para la transición energética que, en conjunto, sumaban una inversión mínima de 3.000 millones de euros e incluyen los dirigidos a la producción de hidrógeno y valorización de residuos urbanos.
Siguiendo la línea marcada por Ferrovial, la petrolera española reaccionaba así al acuerdo de Gobierno firmado por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz y, especialmente, contra medidas como la continuidad del llamado Gravamen Temporal Energético, que consideran ilegal e inconstitucional por discriminatorio, y que junto a otras medidas, como los impuestos a la banca y a los ricos, la modificación del impuesto de Sociedades para gravar los ingresos y no los beneficios o la reducción de la jornada laboral, generan una inseguridad jurídica en España para las empresas y una pérdida de competitividad que espanta a las inversiones extranjeras y provoca la fuga de empresas al exilio y la cancelación de inversiones de firmas nacionales.
Y ellos han sido los primeros, pero no serán los únicos porque las empresas no se van, las echan. La también energética Endesa y los bancos Santander y BBVA han denunciado también la arbitrariedad y la persecución del Gobierno a las empresas, que son las que crean empleo y riqueza en los países democráticos. "Hay que pagar impuestos, pero si se paga demasiado la gente se marcha", avisaba la presidenta del Banco Santander, Ana Botín. Mientras que el CEO de BBVA pronosticaba una caída de la inversión extranjera, mientras se preguntaba "quién va a invertir en un entorno en el que las normas no paran de cambiar".
También el CEO de Endesa, José Bogas, y de Bankinter, María Dolores Dancausa, coincidían en considerar el impuesto "discriminatorio", sumándose a las denuncias realizadas por el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y del comunicado de la patronal en el que se calificaba de "atropello" a las 230 medidas pactadas por los partidos socialpopulistas de la Frankenstein.
Y es que la presión fiscal que soportan en España las empresas, las familias y los contribuyentes en general es no sólo abusiva, sino que empieza a resultar insoportable como muestra el informe sobre Competitividad Fiscal, elaborado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), en el que se constata que los ingresos tributarios de Hacienda en 2022 y 2023 alcanzan máximos históricos superando en más de 50.000 millones de euros la recaudación de 2019, un 23,4% más, duplicando el 11,5% en que ha crecido el PIB nacional en ese periodo.
Igualmente, la presión fiscal en España (ingresos tributarios en relación con el PIB) alcanzó cifras récord en 2022, superando el 42% del PIB por encima del promedio de la UE que fue del 41,7%, con el añadido de que algunas de las principales economías europeas están bajando impuestos. Así, Alemania ha rebajado temporalmente el IVA y ha anunciado una reducción del peso de las cotizaciones sociales sobre los salarios; tendencia seguida en Estados Unidos, Francia e Italia, donde las medidas fiscales anticrisis han estado marcadas por el rechazo a subir impuestos y la voluntad de crear un clima tributario favorecedor de una recuperación rápida.
También, España es el país europeo con mayor porcentaje de ingresos públicos aportados por las empresa, con un 32,5% del total de la recaudación tributaria casi 10 puntos por encima del 23,9% de la media europea.
Y con este panorama todavía desde el Gobierno preparan hasta 14 subidas de impuestos para el próximo año, califican de antipatriotas a los empresarios y se extrañan de que las empresas, que se deben a sus accionistas y no a los caprichos intervencionistas de un Gobierno elefantiásico que se muestra incapaz de crear empleo y riqueza, busquen nuevos horizontes fuera para seguir manteniendo su actividad, su productividad y competitividad y los puestos de trabajo. Esto sí es hacer de la necesidad virtud y no las claudicaciones humillantes de los pancistas gobernantes.
