Señalaba el filósofo Protágoras que "el hombre es la medida de todas las cosas", lo que es cierto cuando somos los humanos los que medimos las cosas. En la macroeconomía podríamos decir que el PIB es la medida de todas las cosas. Por eso, tanto el relato de lo que ha ocurrido, como la estimación de lo que va a ocurrir dependen, en buena medida, de la estimación de esa variable, el Producto Interior Bruto.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) revisa sistemáticamente su estimación del PIB. Esto significa que cuando se actualiza un libro de economía, pasado unos años, como hice con "¿Hacienda somos todos?" (Debate 2014-2022) para su cuarta edición tuve que corregir muchas de las cifras, porque muchas de ellas se toman en relación con el PIB, es decir con relación al tamaño de la economía. Eso sí, como las revisiones, rutinarias, daban cifras muy similares, el relato y las conclusiones se mantenían.
Sin embargo, las revisiones rutinarias en tiempos extraños dan resultados que no siempre son rutinarios. Así, el pasado lunes día 18 de septiembre, el INE publicaba su nueva estimación, correspondiente a una revisión rutinaria, del PIB de 2020, 2021 y 2022. Ha habido cambios importantes en 2021 y 2022: el PIB había crecido más de lo estimado anteriormente. En noviembre de 2021, ya advertía en elEconomista.es que no era posible que los salarios, la recaudación fiscal y los beneficios empresariales estuviesen creciendo, al mismo tiempo, muy por encima del propio PIB. La conclusión lógica, que ahora avala la nueva estimación del INE, era que el PIB era superior al estimado.
El principal índice de cuántos impuestos se pagan en un país, y con mucho el más utilizado, es el de presión fiscal, que no es más que la suma total de impuestos y cotizaciones sociales cobrados por todas las Administraciones Públicas, dividida entre el PIB. Durante la pandemia, y luego con la recuperación en 2021, la presión fiscal aumentó en España, acercándose a la media europea… pero a la vista de la nueva estimación de los datos del PIB… mucho menos de lo que se pensaba. Y en 2022 hubo una caída, que también fue superior a la prevista. Antes de la crisis, el máximo nivel de presión fiscal lo alcanzamos en España en 2007, con un índice del 37,3% del PIB. Los impuestos no eran tan altos, pero recaudábamos muchísimo porque estábamos en una burbuja fiscal.
Este índice de presión fiscal se superó en la Pandemia, alcanzando un 37,7% del PIB en 2020. La recaudación de impuestos cayó, pero mucho menos que la actividad económica. Hay varias razones como la disminución de la economía sumergida, por la proliferación de pagos con tarjeta, o el mantenimiento de salarios y pensiones, que son, con muchísima diferencia las rentas que soportan una mayor tributación efectiva, muy por encima de otras como beneficios empresariales o plusvalías que se vieron mucho más afectadas por las consecuencias económicas de la Pandemia.
La sorpresa llegó en 2021 cuando la presión fiscal se disparó por encima del 39% del PIB, una cifra nunca vista en España. La cifra era tan elevada que algunos pensaban que este crecimiento de la recaudación fiscal no sería sostenible como ya pasó en 2007. La nueva estimación del PIB lleva a que el índice de presión fiscal en 2021 sea de récord, pero medio punto por debajo, en el 38,5% PIB. En 2022, la recaudación de impuestos y cotizaciones creció, pero por debajo del PIB, lo que, según mis cálculos, llevaría el índice de presión fiscal (en términos armonizados de Eurostat) al 38,18% del PIB. En lo que llevamos de 2023, con datos disponibles hasta julio, el IRPF y las cotizaciones sociales crecen al 10%, pero todo lo demás impuestos crecen muchísimo menos, o simplemente decrecen como los impuestos indirectos. De seguir así, la presión fiscal en 2023 se seguirá reduciendo.
En 2007 recaudando menos, España tenía superávit. Sin embargo, ahora tenemos mucha más deuda pública, que además hay que financiar a unos tipos cada vez más elevados. Además, nuestra población ha envejecido, lo que significa que tenemos mucho más gasto en sanidad, dependencia y pensiones. Por eso, salvo que se acometan recortes significativos en el gasto público, nuestro nivel de impuestos no es muy superior a nuestras necesidades. Eso sí, probablemente es mucho más sostenible que en 2007, en la gran burbuja de la economía española. De hecho, esta revisión del PIB nos indica algunas cosas. Por ejemplo, que los salarios crecieron más de lo que se pensaba en la recuperación económica. Eso ha hecho que la recaudación por cotizaciones sociales, y especialmente por IRPF haya superado las expectativas. Aquí hay crecimiento económico y creación de empleo, probablemente afloramiento de economía sumergida, pero también más recaudación por la inflación.
En nuestro principal impuesto, la base, la renta bruta de los hogares, que en más de un 80% son salarios y pensiones, crece. Pero también sube el tipo efectivo. Y no es que los salarios hayan ganado, precisamente, poder adquisitivo. Por eso, aquí lo que nos encontramos es "progresividad en frío", es decir aumento del tipo efectivo con la misma o menor capacidad adquisitiva, es decir una subida de impuestos, que han soportado casi todos los contribuyentes del IRPF.
El relato económico ha cambiado con las cifras. Ahora bien, que haya subido el PIB, que hayamos recuperado el PIB prepandemia el año pasado, 2022, y no en este 2023, no cambia las circunstancias económicas personales de nadie. Eso sí, permite realizar mejores predicciones, partiendo de una realidad que se conoce mejor, que no es de un infierno fiscal, sino que la es de un país avanzado con muchas necesidades de gasto público, y que no siempre consigue distribuir esta carga, ni con la eficiencia, ni con la justicia que nos gustaría.
A partir de aquí, ¿qué nos espera? De eso hablaremos otro día… pero les dejo un par de claves: la inflación seguirá elevada por efecto de la alimentación-malas cosechas, y la energía- reducción de producción de Rusia y Arabia Saudí. La otra cuestión es que la economía española pagará más intereses, aunque los tipos dejen de subir, porque los efectos del cambio de tipos de interés tardan muchos meses en desplegar todos sus efectos. Y eso afectará, entre otras cuestiones, a los ingresos y gastos públicos, complicando la imprescindible senda de ajuste.
