El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha concedido una entrevista en El Mundo, donde ha criticado: "Es grave el ataque directo directo al mundo de la empresa que estamos viviendo". "Las ministras que dicen barbaridades deberían estar ya cesadas", añade.
A través de estas afirmaciones, Garamendi ha aludido a las polémicas declaraciones de la secretaria general de Unidas Podemos, Ione Belarra. En esta línea, el presidente ha indicado que no se debería atacar a los empresarios españoles "respetables", que crean "empleo, riqueza y pagan impuestos", y además "impulsan fundaciones y son unos próceres de sus territorios".
El máximo responsable de los empresarios en España ha tildado la actuación del Gobierno como un "insulto a esas 20 millones de personas que trabajan en el sector privado". Un sector que, según explica, de donde salieron las vacunas, que posteriormente se gestionaron desde el sector público. "Ahí es donde se demuestra que no sobra nadie", recalca.
También ha hecho un llamamiento a la Administración para que se cree "empleo y riqueza" y, por tanto, "más empresas y empresarios". Una idea que comparten las 40 asociaciones empresariales de la Unión Europea.
"España necesita una Justicia eficaz y que las instituciones públicas funcionen"
Respecto a las próximas elecciones del 23J, el vasco ha señalado que si forma gobierno el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la candidata de Sumar, Yolanda Díaz, tendrán que "cambiar el chip y reconocer el valor de la empresa". Así, explica que al principio de esta legislatura el Ejecutivo sí que se sentó con ellos a negociar, pero en la última etapa no ha habido predisposición por su parte.
En alusión a la CEOE durante los últimos cuatro años, califica su actuación de "responsable", utilizando como referencia el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. Un pacto que dará "estabilidad". Preguntado por la paz social, ha señalado que es en el sector público donde hay "conflictos de trabajadores de Justicia o de los inspectores de Trabajo o en Correos". "España necesita una Justicia eficaz y que las instituciones públicas funcionen", concluye.
