Ya conocemos el acuerdo programático entre los principales partidos que pretenden conformar el Gobierno de España para los próximos 4 años. Se trata de un intenso e intensivo ejercicio de populismo económico con un programa muy ambicioso y colorido donde, como es habitual en política, se muestra en el escaparate el género que atraiga al ciudadano, pero no se muestra lo que hay en la trastienda. Aspectos cómo cuánto va a costar este festival del progreso, tan intervencionista en la economía que haría morir de nuevo a Adam Smith si se levantase de su tumba, o bien cómo se van a financiar las medidas, aunque todos sabemos de sobra quienes van a ser los pagafantas, pues será a costa de los bolsillos de los ciudadanos, en especial trabajadores de las clases medias y empresarios como principales damnificados.
Tras una lectura rigurosa de las numerosas páginas que componen el acuerdo, lo primero que se observa es un lenguaje algo engolado, cargado de encomiables intenciones, articulado como una lista de los buenos propósitos soportados sobre un papel que lo aguanta todo. Como todo, aterrizar las ideas para implementar toda la retahíla de medidas que, en muchos casos, se traducen en seguir haciendo o reforzando lo mismo, parece poco realista. Muchas de dichas medidas, son las que nos han llevado a que nuestra economía tenga un inflación persistente que ha vuelto a subir al 3,5%, unas previsiones de crecimiento de la OCDE del 1,5%, inferiores a las del Gobierno, una deuda creciente de 1,56 billones de euros, la más alta de la historia, con un aumento de más de 73.000 millones en los 8 primeros meses del año, con unos gastos en intereses que superarán los 40.000 millones, una tasa de paro que es la mayor de toda la UE y un paro juvenil del 26,8%. Todo ello a pesar de que no se contabilizan los llamados fijos discontinuos en paro y a pesar de una recaudación tributaria "récord", por el aumento de impuestos, la inflación y la no actualización de las bases imponibles, a lo que se suma la llegada de 37.000 millones de los fondos europeos que no terminan de alcanzar a los autónomos y PYMES.
A esto hay que añadir, unos tipos de interés que lastran, no solo la economía en general, sino a las familias, que ven que su cuota hipotecaria casi se ha duplicado y que no llegan a final de mes, porque sus salarios no suben al mismo ritmo que la inflación.
En general, se echa en falta una memoria económica para todas estas medidas, una serie de informes rigurosos avalados por instituciones de prestigio, que apuntalen la viabilidad, suficiencia y sostenibilidad de las mismas.
Por resaltar algunas de las medidas más controvertidas, la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5h que no afecta a los autónomos, que no tienen horario, y que es recibida de buen grado por los trabajadores por cuenta ajena, pero que esconde letra pequeña, porque si todos trabajan menos, producen menos y generan menos ingresos para el empresario, que tiene que pagar el mismo salario aderezado con un SMI que también aumentará y un encarecimiento del despido, podría ser un nuevo truco de nuestros prestidigitadores políticos. Esta medida solo tiene tres posibles resultados, en especial para los pequeños empresarios, contratar menos empleados para no disparar los costes, mantener la plantilla y reducir los beneficios, si es que existen, o bien limitar las revisiones salariales futuras, frenando la carrera profesional de los más válidos.
No hace falta ser economista para entender que, si cobras lo mismo y produces durante menos tiempo, es necesario que el valor de lo que entregas aumente, es decir, la productividad. Es cierto que esta medida, se está aplicando en algunos países, pero no tienen nuestro tejido productivo, ni el exceso de regulaciones ni las rigideces a la contratación o al despido, y desde luego, no tienen nuestra tasa de paro. En un mercado en pleno empleo, las empresas tienen que mejorar las condiciones laborales porque no les es fácil encontrar trabajadores, no sólo cualificados sino sin cualificar. Y en esta línea, se pretende crear el Consejo Nacional de la Productividad, con riesgo de convertirse en otro "resort" de empleo público financiado con más impuestos.
Y, como dicen en los concursos, aún hay más, pues se pretende que las sociedades paguen el tipo mínimo del 15% sobre el resultado contable y no el fiscal, es decir, eliminar las deducciones que aminoran la factura tributaria, lo que aumentaría la recaudación en unos 10.000 millones de euros, por este concepto.
Todo esto, en un contexto económico de incertidumbre y complejidad, muy delicado, como el que se dibuja para, al menos, los próximos dos años y sin haber sido negociado con los agentes sociales, al menos con la patronal que, junto con los trabajadores, serán quienes paguen la factura.
Lo que no son cuentas son cuentos, pero si hubiese cuentas, falta ver cómo encaja todo esto con el resto de socios, que están en las antípodas ideológicas y que exigirán elevados peajes por cada medida que se pretenda aprobar.
