Durante la presentación del pacto de Gobierno entre PSOE y Sumar, Yolanda Díaz indicó que con la reforma planteada en el Impuesto de Sociedades esperaba elevar la recaudación en 10.000 millones. Vaya por delante que dicho cambio legislativo es inconstitucional y contrario a la normativa comunitaria. Pero es que además, supondría elevar el tipo real un 50%, desde el 22% actual que afrontaron de media las empresas españolas en 2022, según la Agencia Tributaria.
En concreto, Hacienda ingresó 32.940 millones por Sociedades tras gravar el 22% sobre la base imponible. Con la propuesta de tributar por el 15% del resultado contable ingresaría esos 10.000 millones más que promete la vicepresidenta, hasta unos 43.000 millones anuales. Un incremento que elevaría la ya elevada carga fiscal que asumen las grandes empresas al 30%, pese a que el Gobierno diga lo contrario. Es más, Díaz justifica la reforma asegurando que las compañías pagan solo un tipo del 3% o 4% en Sociedades. Un argumento falaz ya que no tiene en cuenta los impuestos que las firmas españolas pagan en el exterior. Pero el Ejecutivo prefiere obviar los datos reales para diseñar un nuevo hachazo impositivo a los negocios. Una acción a la que Repsol ya planta cara, asegurando que podría deslocalizar inversiones que ya tiene previstas en España. Una respuesta valiente y más que comprensible habida cuenta de que, en el caso de esta compañía, el golpe no solo sería a través de Sociedades. Al igual que el resto de energéticas y bancos también sufriría la intención del Ejecutivo de convertir en permanentes los impuestazos temporales a ambos sectores. En definitiva, una nueva ofensiva fiscal que si se concreta amenaza seriamente las necesarias inversiones que el país requiere.
