El acuerdo entre PSOE y Sumar incluye una reforma fiscal que atañe especialmente el Impuesto de Sociedades y que elevará la recaudación en 10.000 millones, según Yolanda Díaz.
Una cifra que se obtendrá al aplicarse un tipo mínimo efectivo del 15% sobre "los beneficios reales y no sobre lo que las empresas nos dicen que perciben", aseguró la vicepresidenta del Gobierno. Pues bien, este cambio en el gravamen será inconstitucional ya que la propia estructura del la tasa marca que el hecho imponible es la obtención de la renta y no el resultado contable. Por tanto, el Ejecutivo está obligado a realizar una complicada reforma de la naturaleza misma del tributo si no quiere enfrentarse a una oleada de litigios. Pero aunque realicen dicho cambio normativo también podría colisionar contra el principio constitucional de capacidad económica mostrada.
Gravar los resultados en vez de la renta va en contra de la Constitución y de la propia normativa de la Unión Europea
Además, el nuevo Impuesto de Sociedades también iría en contra de la legislación europea de libertad de establecimiento dentro de la UE y con los convenios de doble imposición. Ello porque se gravarían los beneficios en el exterior y los dividendos repatriados desde el extranjero, que ya han pagado impuestos en origen. Y por si fuera poco, la reforma pondría en seria duda las deducciones que las empresas pueden llevar a cabo. Este tipo de beneficios es la razón de ser de cualquier tributo (de hecho todos cuentan con este tipo de ventajas). De ahí que su eliminación suponga una ilegalidad más a sumar a las anteriormente descritas que dejaría desarmadas a las empresas ante situaciones tan habituales como son sus inversiones en el exterior. Queda así patente que en su afán recaudatorio PSOE y Sumar no tienen inconveniente alguno en retorcer la ley aunque ello suponga un grave perjuicio para las empresas.
