Como todo el mundo sabía y esperaba, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz teatralizaron su particular escena del sofá, jurándose amor eterno hasta que las urnas los separen y a la espera de la bendición del obispo Puigdemont desde Waterloo. La escenificación de la primera de las cuatro bodas del polígamo presidente en funciones de Gobierno –con ERC, Junts, EH Bildu y con Yoli y su extraña familia– y un funeral, el de España, los españoles, la economía y la democracia.
Una promesa de amor en el Museo Reina Sofía –el Congreso está secuestrado por la servil Francina Armengol– en el que las arras fueron un pacto de Gobierno con 230 medidas, que incluyen promesas incumplidas de la anterior legislatura como la ampliación del parque de viviendas públicas, el control de los alquileres, la educación universal de 0 a 3 años o derogar la Ley Mordaza, que probablemente seguirán en el sueño de los justos. Y que se complementan con la supresión de vuelos interiores, un nuevo atraco fiscal a las empresas y a los particulares y, como guinda del pastel la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin rebaja de los salarios.
Un pacto de gobierno que, a primera vista, no es más que un inventario intervencionista de declaraciones de intención que, de llevarse a cabo, supondría un atentado contra la recuperación económica y un ataque frontal contra los empresarios, especialmente a las pymes y los autónomos que, no olvidemos, son quienes crean empleo y riqueza en el país, con el añadido de un desprecio a los interlocutores sociales y al Diálogo Social, propio de los regímenes autoritarios.
Cambiar el cómputo del Impuesto de Sociedades para gravar los ingresos y no los beneficios como hasta ahora, junto con la subida del 0,7% en las cotizaciones sociales a empresarios y trabajadores es una bomba de relojería contra el empleo, en un país que lidera la tasa de paro de la Unión Europea y donde la contratación lleva cayendo nueve meses consecutivos con el saldo de 2.596.759 de contratos (-18,32%) menos, con respecto a igual periodo del año anterior. Además de que mantener los impuestos a la banca y las eléctricas supone encarecer los servicios de estas compañías que trasladarán el coste a los clientes con el impacto añadido sobre la inflación.
Y respecto a la jornada laboral, la rebaja propuesta huele tremendamente a populismo y a cortina de humo para intentar encubrir la amnistía a los golpistas catalanes y la venta de España a quienes quieren destruirla. Una medida que, en la práctica, lo que implica es intentar repartir el empleo existente ante la incapacidad de crear nuevos puestos de trabajo, además de fomentar el subempleo cuando la realidad de nuestro mercado laboral refleja que sólo el 16% sobre el total de contratos registrados son indefinidos a tiempo completo; lo que confirma que, como apuntan desde el Gabinete de Estudios de USO, se está troceando el empleo existente y creando una situación donde tener un contrato indefinido no implica tener un salario que permita llegar a fin de mes. Realidad que confirma el aumento de trabajadores en situación de pluriempleo, que superan ya la cifra de 600.000, recordando a los mejores tiempos del franquismo. Todo esto sin contar con los graves prejuicios a la productividad, que en España lleva 14 trimestres consecutivos de caída y nos coloca a la cola de las principales economías europeas, junto a Francia.
Eso sí, nada dice el pacto de la amnistía ni del referéndum de autodeterminación y, por supuesto, tampoco de la inmigración que en los últimos cuatro meses ha pasado de bajar un 31,6% a subir un 46,3%, provocando graves problemas económicos, sanitarios y de seguridad en Canarias, primero, y en el resto de España con posterioridad. Pero todo esto, el paro, la amenaza de recesión económica, el empobrecimiento general o la invasión de emigrantes ilegales ni importa, ni interesa, a un gobierno que se autocalifica como social y progresista. Cómo dice sabiamente el refranero, dime de qué presumes y te diré de qué careces.