Los beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción (RMI) que abonan las autonomías alcanzan una de las cotas más altas de su estadística: casi 650.000 personas. Es una cifra que supera en un 53% la propia de un año de franca recesión económica como fue 2009. Dicho incremento pone en cuestión el alcance de la recuperación posterior a la pandemia, pero también debe suscitar la reflexión sobre la efectividad de este tipo de ayudas, destinadas a proporcionar un alivio temporal. En el caso de estas Rentas, su diseño está explícitamente dirigido a favorecer la inclusión laboral. Hay visos de que ese objetivo no se está cumpliendo y muchos ciudadanos, especialmente ahora que también pueden recibir el Ingreso Mínimo estatal, permanecen subsidiados sine die.
