Fueron decenas de miles de personas. Dicen que fueron 300.000 las voces de catalanes, abandonados por un gobierno que les vende por el plato de lentejas de una investidura, que se manifestaron en Barcelona por la democracia, la libertad, la Constitución, la igualdad entre los españoles y el Estado de Derecho. Gente de la sociedad civil que salieron a la calle para expresar su más contundente rechazo a la la ignominia, el despotismo, el supremacismo, el pensamiento único, la corrupción y la mentiras.
No en su nombre. Pero salieron también para decir un no sin paliativos a la nulidad política y económica de la Generalitat, con la inestimable colaboración y sintonía del gobierno del Estado, y de unos partidos independentistas que desde el 17-O les han arrastrado a la mayor decadencia económica en milenios. No en su nombre a una política fiscal injusta y abusiva, a la falta de seguridad jurídica en las inversiones, al deterioro del mercado laboral y al despilfarro de los recursos del Estado para financiar una farsa de país inexistente y un golpe de Estado a la Constitución, mientras llevan a Cataluña a la insolvencia.
Y ahí están los números, que como el algodón no engañan y los informes de los organismos internacionales que, como la Fundación para el Avance de la Libertad y la Tax Foundation de Estados Unidos, sitúan a Cataluña en la última posición de todas las comunidades españolas en competitividad fiscal. Un índice que lidera Madrid con 7,33 puntos frente a los sólo 4,71 puntos de Cataluña, que cuenta con el doble de impuestos autonómicos que las demás regiones españolas.
También desde el 17-O Cataluña ha dejado de ser la locomotora económica de España al bajar su peso en el PIB nacional al 19%, frente al 19,4% de Madrid, que realizó un histórico sorpasso a raíz del referéndum ilegal de Puigdemont y desde entonces la brecha entre ambas comunidades no hace otra cosa que ensancharse.
Una comunidad, la de Madrid, que es también líder en la atracción de inversiones extranjeras con 7.579 millones, el 63,2% del total, en el primer trimestre de este año, muy por encima de los escasos 824 millones que han llegado a Cataluña.
Tendencia que ocurre también en el empleo, donde hasta cinco comunidades se sitúan por encima de Cataluña en creación de puestos de trabajo durante los últimos diez años. Lo dicen los datos de afiliación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que, recogen un crecimiento medio del empleo en el periodo para la comunidad catalana de únicamente el 27,95%, mientras que la Comunidad Valenciana alcanza el 36,81 %, Baleares el 36,57 %, Canarias el 35,62 %, Madrid el 34,87 % y Murcia el 33,77 %.
Cataluña es, asimismo, la región con una mayor deuda per cápita,10.981 euros por habitante a cierre de 2022, mientras que en relación al PIB ocupa la tercera posición con el 33,5% de endeudamiento, sólo por detrás de la Comunidad Valenciana (44,5%) y de Castilla-La Mancha (33,7%), según el informe 'Endeudamiento de las Comunidades Autónomas' publicado este lunes por BBVA Research. Y eso a pesar de que Cataluña se mantiene como la comunidad autónoma que más dinero ha recibido en lo que llevamos de 2023 del sistema de financiación autonómica, que en total ha repartido 92.517 millones de euros hasta septiembre de este año entre todas las regiones en conceptos de entregas a cuenta. En concreto, Cataluña ha recibido hasta la fecha un total de 17.441 millones de euros de este sistema de financiación autonómica, seguida de cerca por Andalucía con 17.266 millones y de la Comunidad de Madrid, que ha recibido 12.924 millones de euros en estos conceptos.
Este es el legado del llamado "procés" que ha provocado ya la pérdida de 8.000 empresas que en conjunto superaban los 56.000 millones de facturación. Y ninguna de ellas ha manifestado su intención de regresar. Marcha de empresas que se ha traducido en una menor creación de empleo privado y en una caída en el gasto de las familias.
Por todo ello, digo no en su nombre, y con ellos en el mío, a la amnistía, al referéndum de autodeterminación y la vergonzosa compraventa de votos y voluntades para mantener en La Moncloa al candidato que perdió las elecciones.
