Madrid
Los movimientos para la investidura tras las elecciones del 23-J siguen abriendo numerosos debates con respecto a las Comunidades Autónomas, sobre todo tras las exigencias de Junts a Perdo Sánchez a cambio de apoyarle en la investidura.
Entre esas exigencias sobresale la posible quita de la deuda. El equipo de Carles Puigdemont ve factible que Moncloa acceda a la quita en los 70.000 millones de euros que Cataluña debe a la Administración central. Esta deuda procede varias solicitudes de crédito al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y otros mecanismos semejantes creados con motivo de la crisis del 2012.
En el debate sobre la deuda autonómica entran en el centro de la mesa 187.029 millones de euros, que es el descubierto que dejan las autonomías al cierre del ejercicio del primer trimestre, según los datos publicados por el Banco de España. Esta deuda es adquirida por los gobiernos autonómicos a través, precisamente, del Fondo de Liquidez Autonómico. De este modo, el cómputo total de la deuda autonómica a comienzos de año ascendía a los 322.211 millones de euros, siendo el 58% endeudamiento con el central.
El principal contribuyente a esa deuda es Cataluña. En concreto, el monto deficitario de la Generalitat fue de 85.456 millones de euros (33% de su PIB) en el primer trimestre de 2023, es decir, se incrementó 956 millones con respecto al mismo período del año anterior. Si se compara con otro de los principales motores de España, Madrid, la diferencia es de casi 48 millones de euros. En concreto, la región capital presenta un descubierto en sus cuentas de 37.494 millones, 565 millones más que a inicios de 2022. Pero esta diferencia entre el centro y el noreste peninsular radica en que, en el caso de Madrid, la deuda con el Estado es de cero euros, frente a los 71.852 millones de Barcelona.
La segunda región más endeudada de España es la Comunidad Valenciana, que cerró el primer trimestre del año con un pasivo de 55.439 millones de euros, una deuda que supone el 43,7% de su PIB. De ese total, 46.274 millones corresponden a deuda con el Estado. Finalmente, la tercera región más endeudada es Andalucía, que entre enero y marzo de este año cerró el ejercicio con un agujero en sus cuentas de 36.744 millones de euros (20,3% del PIB). De ese total, 25.276 es el pasivo que tiene con la Administración central.
Las comunidades 'infrafinanciadas' se endeudan más
La deuda de las comunidades autónomas entra dentro del debate de la financiación autonómica ya que un estudio de Fedea, basado en los datos de la liquidación del Sistema de Financiación Autonómica (SFA) de Hacienda de 2021, asegura que la Región de Murcia (deuda de 11.506 millones, el 31% del PIB y 9.762 millones de pasivo con el Estado), la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha, que tiene una deuda que asciende al 32,7% del PIB (15.574 millones de euros, de los cuales 11.069 corresponden a deuda con el Estado) son las más infrafinanciadas.
El portavoz del grupo parlamentario de Compromís en las Cortes Valencianas, Joan Valdoví, aseguró a comienzos de este mes en el programa La Mañana de La1 que el actual sistema de financiación obliga a comunidades como la suya "a endeudarse para poder pagar los servicios" debido a la infrafinanciación.
De hecho, Compromís también ha impuesto como condición que se ponga encima de la mesa la reforma del sistema de financiación autonómico para dar su voto a favor a Sánchez.
Un argumento que comparte con la consejera de Empleo de la Junta de Andalucía, María Blanco, que insistió que su comunidad está "infrafinanciada" y que por eso la comunidad andaluza presenta una deuda tan abultada.
Aún así, el proceso de "quita" de la deuda tampoco es algo que recomienden los expertos. Según declaró el director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y experto en financiación autonómica y local, Ángel de la Fuente, el condonar la deuda "no es gratis" ya que lo que pasaría es que el Estado la absorbería para sí. "Solo cambiaría de manos y, además, generaría un problema de incentivos", explicó.
De la Fuente aseveró que si se perdonase la deuda a las regiones, se instauraría la "creencia" de que siempre van ser rescatadas económicamente por la Administración central y por tanto no frenarían el gasto en sus arcas públicas.
El debate entra ahora son las entregas al fondo común a través de la Recaudación normativa de tributos cedidos y la financiación autonómica. Es decir, la cifra que el Estado establece que deberían recaudar las Haciendas regionales con los impuestos cedidos. En función de eso, por un lado, deben entregar el 75% de esa cantidad estimada, lleguen a ella o no, y también recibirán lo correspondiente por parte de la Administración central para prestar los servicios públicos.
Este modelo lleva intentando cambiarse desde el año 2014, pero ni Mariano Rajoy ni Pedro Sánchez emprendieron el camino para que así sucediese. Por tanto, la norma todavía se rige por los criterios económicos de 2009.
Preguntado por la Agencia EFE cuál sería el mejor acuerdo para la economía española, el experto de Fedea dijo que la clave está en llegar a un "acuerdo sensato" en la reforma de la financiación, ya que eso sería "una excelente noticia", pero pone en duda que eso pueda llevarse a cabo. "Es más fácil que llegue a un acuerdo (Pedro Sánchez) para hacer cosas que seguramente no sean buena idea, como condonar la deuda", apuntó De La Fuente.
Por el momento, un informe de expertos elaborado en el año 2017 advierte que es necesario abordar otro método de cálculo para la financiación que tenga en cuenta el coste de los servicios que las comunidades prestan. Tal y como ejemplificó el expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, no cuesta lo mismo dar un servicio sanitario a una población dispersa como la del Norte, que a una con una densidad de población como Madrid.
Lo cierto es que el Gobierno ya está elaborando una posible reforma con Hacienda. Fuentes próximas al Ejecutivo confirmaron que, de reeditarse el Gobierno de coalición, propondrán reducir reducir el peso de la población, que ahora es del 30%, hasta el entorno del 20%. Así darían más peso a la Sanidad, que pasaría del 38% actual al entorno del 45% y también saldría reforzada la Educación.