A lo largo de la legislatura el Gobierno ha aprobado diversas medidas, algunas contenidas en la reforma laboral, con el fin de obstaculizar y encarecer los despidos. De hecho, la vicepresidenta Yolanda Díaz prácticamente prohibió las extinciones de contratos por causas asociadas a la crisis sanitaria generada por el Covid y, posteriormente, a la guerra de Ucrania. Unas medidas vapuleadas por el Tribunal Supremo y que tampoco han reducido los ceses de contratos.
Muy al contrario, las bajas de afiliación a la Seguridad Social por causas consideradas como despidos se han disparado a niveles inéditos en la última década, con un incremento del 32% en lo que va de año. Un aumento que adquiere aún más relevancia ante el hecho de que España presenta el coste de despedir más elevado de toda la UE y que demuestra la ineficacia de este tipo de medidas restrictivas. Pese a todo ello, el Ejecutivo de coalición pretende seguir por el mismo camino en la próxima legislatura. No en vano, PSOE y Sumar ya negocian para endurecer aún más la normativa al respecto. Lo que se discute en concreto es dar una vuelta de tuerca a la reforma laboral mediante una profunda revisión de la legislación, que va más allá del incremento de las indemnizaciones. De hecho, se está ya planteando endurecer las causas, incluida la del periodo de prueba, y dar más herramientas a los jueces para decretar la improcedencia en un extinción de contrato. Una medida que obligaría a readmitir al trabajador en más ocasiones o a pagar la compensación más elevada (33 días). Reducir aún más la ya escasa flexibilidad del mercado laboral para ajustar las plantillas es un camino erróneo, ya que condena al cierre a las empresas en tiempos de crisis y reduce la creación de empleo.
