Los resultados electorales del 23 de julio nos enfrentan a un escenario incierto para formar gobierno. Básicamente, poder hacerlo, se reduce a tres posibilidades: repetir las elecciones con la esperanza de que surja una mayoría que la haga factible; que gobierne el Partido Popular, porque las ha ganado y, además, de forma contundente o, en tercer lugar, que se configure una alianza encabezada por Pedro Sánchez entre los que han perdido.
La repetición de las elecciones como sucedió en las dos últimas convocatorias; la de 2016, fundamentada en la tesis de Pedro Sánchez del no es no y la de 2019, pensando el autor de la misma que la reiteración de la votación le llevaría a un mayor número de diputados, supondría consolidar en nuestro sistema una práctica prevista constitucionalmente, pero que parece pensada para una situación excepcional y no para ser la regla general.
La segunda salida indicada requeriría que el PNV se replanteara el veto al Partido Popular, basándose en las coincidencias programáticas sobre todo en la estrategia económica y la superación de las diferencias políticas en otros ámbitos. No es inimaginable, de hecho, en otros momentos ambos partidos han pactado un programa de gobierno de modernización para el conjunto del país y ahora podrían repetirlo contemplando una sensata bajada de impuestos que alivie la presión tributaria que sufren las familias y las empresas, el control del déficit y la deuda, que considere que la aplicación de los fondos Next Generation debe llegar a la economía real y dote de seguridad jurídica a los agentes inversores tanto normativamente, como con un discurso en favor de la empresa y el empresario. En segundo lugar, la mayoría de los españoles saldrían ganando de la superación de las diferencias políticas por la aplicación de un programa de gobierno construido lejos de extremismos, además, el PNV alejaría el peligro que representa el hecho de que el interlocutor preferente para el País Vasco de un hipotético nuevo gobierno de Pedro Sánchez sea Bildu. Sin embargo, en el momento de escribir estas líneas, en el partido nacionalista parece que se imponen otros criterios sobre el Partido Popular que pesan más que las coincidencias.
La tercera posibilidad es que Pedro Sánchez reproduzca un gobierno similar al que ahora está en funciones, con el agravante de haber perdido las elecciones, rompiendo el consenso vigente desde la Transición de respetar que gobierne, en las elecciones generales, la lista más votada. En la próxima posible alianza del PSOE con Sumar y sus múltiples partidos, Bildu, BNG…, el valor cuantitativo de parte del separatismo catalán ha disminuido, pero no lo ha hecho desde el punto de vista cualitativo, porque siguen siendo necesarios.
Desde el punto de vista económico, la subida de impuestos y cotizaciones, el incremento del gasto, el intervencionismo y la previsible inseguridad jurídica serán moneda común, como lo han sido estos años, con lo que cabe esperar resultados similares en términos de pérdida de poder adquisitivo de los españoles y también semejantes a los que explicita Fedea en el documento hecho público el día 25 de julio bajo el título ¿Cómo está la economía española? Reflexiones en período electoral, según el cual, el PIB bruto de nuestro país es el que menos avanza en el período 2019-2022, el PIB per cápita, que es el indicador de la renta promedio de los ciudadanos que se utiliza más frecuentemente cuando se hacen comparaciones entre distintos países, es el que menos ha aumentado de la UE-27 en el período mencionado y cuando se refiere a la productividad ocupamos el puesto décimo quinto.
Posiblemente, la salida a la situación planteada después de las elecciones que deja un escenario más borroso sea este, no sólo por consideraciones políticas que darían para otro artículo, sino porque la dirección económica de la coalición ha venido marcada por el incremento del gasto en un contexto en el que, primero la pandemia y después la guerra de Ucrania, activó la cláusula de escape, que permitió a los países miembros olvidarse de las reglas fiscales de la UE, que les obliga a mantener el déficit y la deuda sobre PIB por debajo del 3% y del 60% respectivamente. Sin embargo, el futuro inmediato vendrá marcado porque las autoridades europeas avivarán de nuevo estas exigencias para intentar que el gasto evolucione de forma saneada. En este sentido, será posible que se abran procedimientos por déficit excesivo a los países que la incumplan a partir de la próxima primavera, lo que forzaría al hipotético gobierno de coalición que se configure a impulsar una política de gasto en la dirección contraria a a la mantenida durante estos últimos cinco años. En concreto, el ajuste estructural que habrá que acometer para 2024 será como mínimo del 0,7% del PIB, esto es, algo más de 9.700 millones de euros y la corrección del déficit exigirá, según se comprometió sobre el papel el gobierno, un ajuste anual de 12.000 millones de euros y/o a elevar la presión fiscal. En cualquier caso, parece claro que el contexto en el que se movería el hipotético gobierno encabezado por el actual presidente en funciones será de ajuste y en ese escenario tratarán de alejarse los partidos que están más dispuestos a sustentarlo, porque en realidad solo les une un objetivo que son sus propios anhelos territoriales y estos los ven indudablemente más cerca con un gobierno de Pedro Sánchez que con uno de Alberto Nuñez Feijóo.
Por eso, el marco incierto que han dejado las elecciones generales no sólo es evidente para la formación del gobierno, dada la tesis impuesta en el partido socialista de llegar al poder, aunque se pierdan las elecciones pactando con quien haga falta, sino que también es equívoco en lo económico si se reproduce otro gobierno Frankenstein.