La banca española está en condiciones de terminar este año con una rentabilidad sobre recursos propios (Roe, por sus siglos en inglés) superior al 10%, la cota que el BCE considera que todas las entidades de la eurozona deben rebasar.
Sin duda, se trata de un buen registro; no obstante, la fotografía exacta de la situación actual del sector en nuestro país no se obtiene sin considerar lo mucho que a las entidades de nuestro país les costó llegar hasta aquí.
Atrás queda una crisis financiera histórica, desarrollada entre 2008 y 2013, y, sobre todo una década en la que los tipos de interés se mantuvieron ininterrumpidamente anulados, lo que derrumbó los ingresos derivados del negocio crediticio.
Durante todo ese tiempo, los bancos españoles tuvieron que fomentar al máximo el ahorro en sus propias estructuras, en términos de cierre de sucursales y ajustes de plantilla, como única vía para no perder la rentabilidad.
Es cierto que, a partir de 2022, la situación ha dado un viraje de 180 grados, dado que las fuertes alzas de la inflación han obligado al BCE a subir los tipos (una política que todavía no alcanzó su techo), mientras los bancos aún disponen de la elevada liquidez que Fráncfort liberó en los años previos al Covid y durante la pandemia.
Ahora bien, se equivoca quien crea que el financiero es un sector a prueba de todo riesgo, especialmente en una economía como la española, en la que se acumulan los síntomas de una fuerte desaceleración del PIB en la segunda mitad de este año lo que inevitablemente impactaría en la demanda de crédito.
En contra de todo argumento populista o demagógico, los bancos distan por completo de constituir un sector privilegiado, capaz de soportar el castigo fiscal extra que ahora se le aplica.
