En un contexto económico y político global sometido a profundas transformaciones, muchos países de la OCDE están redefiniendo sus políticas de fomento económico. Lo hacen con la perspectiva de reconfigurar su inserción geoestratégica en las cadenas globales de suministros, que se han mostrado vulnerables en los últimos años, impulsar la innovación hacia los sectores de crecimiento de futuro y mejorar la competitividad de sus respectivos ecosistemas productivos.
En este empeño, los poderes públicos están asumiendo un papel proactivo en la identificación de los sectores de crecimiento y en su apoyo financiero.
La emergente política industrial se asienta, principalmente, sobre tres pilares: lucha contra el cambio climático y sus efectos, que en el marco de la UE se plasma en el objetivo de alcanzar la neutralidad climática y descarbonizar las economías para 2050; la aspiración de liderazgo en materia de digitalización e inteligencia artificial; y fortalecer la resiliencia de sus economías antes las disrupciones de lo que algunos autores definen como poli-crisis (guerra en el continente europeo, surgimiento de nuevas hegemonías que cuestionan las alianzas y liderazgos establecidos, riesgos de erosión del multilateralismo, redefinición de las cadenas de suministros y distorsiones de los mercados energéticos y alimentarios, entre otros).
Ante la magnitud de los retos, los gobiernos de ambos lados del Atlántico están impulsando una nueva política industrial verde y digital que, además, aspira a dotar al conjunto de los países de mayor autonomía estratégica.
Esa política industrial busca favorecer tanto a las empresas tecnológicas como a sus usuarios y construir "empresas campeonas" que puedan competir en una economía global fragmentada. Los países están desplegando un amplio arsenal de incentivos de carácter financiero y no-financiero.
Entre estos últimos destacan el incremento significativo de fondos de asistencia técnica para el desarrollo de tecnologías y formación del talento, la multiplicación de programas de subvenciones e inversiones en infraestructura y la promoción de marcos de fiscalidad favorable. En términos financieros, además de la actividad crediticia pública, los gobiernos están también favoreciendo su participación en el capital social de algunas empresas.
La equívocamente llamada "Ley de Reducción de la Inflación" (IRA en inglés, que es en esencia una ley climática) y la "Ley de CHIPS y Ciencia" de Estados Unidos, tienen su paralelo en la UE a través del "Plan Industrial del Pacto Verde Europeo", los fondos "NextGeneration EU" y la adaptación de normas sobre ayudas estatales.
En cualquier caso, la respuesta comunitaria tiene una dotación de recursos sustancialmente menor que la americana (de unos 400 mil millones de euros en inversiones frente a unos 700 mil millones de dólares a medio plazo), es menos agresiva a la hora de incentivar la relocalización e implantación de empresas estratégicas extranjeras y es claramente menos discriminatoria y proteccionista de la producción nacional.
Los significativos recursos asignados a esta nueva política industrial en las economías occidentales están contribuyendo al desarrollo de entornos favorables para la aparición de empresas con ambición de liderazgo que aspiren a competir globalmente.
En este sentido, y dotándose de un instrumento similar al de varios países de nuestro entorno, la Adenda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobada por el Gobierno de España, incluye, entre otros instrumentos, un Fondo de Coinversión (FOCO) para atraer a nuestro país inversiones productivas y capital extranjero. Se trata de un instrumento dotado con 2.000 millones de euros, de duración indefinida (de manera que los retornos serán reinvertidos en nuevas operaciones).
El fondo será gestionado por COFIDES, entidad con amplia experiencia en la gestión de fondos del Estado para el apoyo a la inversión privada.
En esencia, FOCO busca facilitar el despliegue de empresas privadas innovadoras y competitivas en España en sectores relacionados con la acción climática y la digitalización que contribuyan a mejorar la resiliencia y competitividad del sistema productivo español y europeo.
Entre estas actividades hay que destacar aquellas relacionadas con las energías renovables y componentes asociados, eficiencia energética, hidrógeno verde, ciberseguridad, descarbonización, movilidad eléctrica, infraestructuras digitales y de tratamiento de datos, digitalización de los procesos productivos, infraestructuras sostenibles, biotecnología o agricultura sostenible.
Operativamente, el Fondo tendrá una preferencia por instrumentos que refuercen los fondos propios de las empresas en las que invierta. Para ello, podrá realizar inversiones de forma directa o indirecta a través de la toma de participaciones en vehículos de inversión que estén alineados con sus prioridades estratégicas y que movilicen recursos de inversores extranjeros.
Este aspecto es determinante, dado que un requisito básico de FOCO es que únicamente participará en operaciones que contribuyan a la atracción de inversión extranjera directa y en las que, por tanto, exista un coinversor extranjero. Entre los potenciales coinversores son de señalar los fondos soberanos, los inversores institucionales privados de largo plazo (fondos de inversión o de pensiones) y las empresas de capital extranjero. Las inversiones de FOCO se efectuarán en condiciones de mercado, serán minoritarias y nunca excederán el volumen comprometido por los socios extranjeros.
FOCO no es sólo un vehículo financiero, sino que es un instrumento de de-risking, o de reducción del riesgo percibido por los inversores extranjeros a través del acompañamiento institucional y del apoyo financiero público en actividades que, por su naturaleza innovadora y transformadora del modelo productivo, presentan niveles apreciables de riesgo tecnológico, regulatorio o de mercado, que resulta difícil que sean plenamente asumidos por los mercados de capitales.
España está bien posicionada para ejercer un liderazgo relevante en el marco de la actual transformación verde y digital de la economía global. Mediante el despliegue de nuevos instrumentos como FOCO, que promueven que empresas e inversores extranjeros confluyan en nuestro país, se pretende contribuir a consolidar un ecosistema de empresas que se posicionen como líderes globales en los sectores de futuro y contribuyan a la transformación y modernización del modelo productivo español.
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