Opinión

Quién pagaría la 'herencia universal'

La ministra de Trabajo y Econom?a Social, Yolanda D?az. Foto: EFE

Nada define mejor al populismo fiscal de izquierdas que el eslogan de que los impuestos los paguen los ricos. Con esta afirmación, comienzo el análisis de los impuestos a la riqueza en mi libro Y esto, ¿quién lo paga? (Debate 2023). No es lo mismo que se paguen impuestos por poseer riqueza, que se un determinado impuesto sólo lo paguen los ricos. Esta cuestión se ha vuelto a poner de moda porque en este mes de julio se está pagando en España el segundo impuesto al Patrimonio, llamado oficialmente impuesto temporal de solidaridad a las grandes fortunas, y también porque Sumar, la plataforma política de la vicepresidenta Yolanda Díaz, lo ha propuesto como la fórmula para financiar la herencia universal de 20.000 euros a los que cumplan 18 años, la medida estrella de su programa electoral.

Comenzando por la idea de la herencia universal, por supuesto, ha sido una medida muy criticada. En general, una transferencia de renta se justifica por solidaridad o por eficiencia económica. Por ejemplo, dar una pensión no contributiva o complementar a mínimos una pensión muy escasa, es un ejemplo de solidaridad con personas mayores que ya no pueden trabajar. Otra alternativa es dar un dinero para formación, ya que al final todos nos acabamos beneficiando de vivir en un país con empleados cualificados. Pero dar indiscriminadamente 20.000 euros por el mero hecho de cumplir 18 años no es una cosa ni otra. Ante esto, Yolanda Díaz lo ha comparado con la sanidad, que es una prestación universal que no se discrimina en función de la renta. Sin embargo, tampoco es lo mismo, y deberíamos haberlo aprendido en la pandemia: si se tiene que vacunar a prácticamente toda la población, lo quiera y lo pueda pagar, o no, es imprescindible que la prestación sea gratuita, por la salud de todos. Pero eso no ocurre con darle 20.000 euros, también, al heredero (privado) de una gran fortuna, por ejemplo.

Pero el principal problema de un programa como éste es su financiación. En principio, darle 20.000 euros a cada joven que cumple 18 años, que son unos 500.000 cada año, tiene un coste de 10.000 millones de euros, un 0,8% del PIB. La primera alternativa que Díaz planteó es un "impuesto ambicioso" sobre las grandes fortunas. La realidad es que el Impuesto de Patrimonio recaudó 1.258 millones de euros en 2021, y su recaudación está cedida a las CCAA. Así, Francia tuvo un impuesto de este tipo, que Macron redujo a los inmuebles. Con un PIB que casi dobla al español, y una Administración Tributaria mucho más grande, Francia, que además tenía un impuesto centralizado, no llegó a recaudar nunca más de 5.000 millones de euros. Además, estamos hablando de un país que sabe recaudar impuestos ya que tiene una de las presiones fiscales, es decir recaudación de impuestos y cotizaciones dividido entre PIB, más elevadas del mundo. En estas condiciones, parece sumamente complicado recaudar 10.000 millones más en el impuesto de patrimonio, un 0,8% adicional del PIB, entre otras cuestiones porque nadie ha sido capaz de hacerlo en un país avanzado. El Impuesto temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, que se derivó de una proposición de ley conjunta PSOE-Podemos (uno de los integrantes de Sumar), preveía recaudar 1.500 millones de euros de unos 23.000 contribuyentes. La Airef en su última proyección rebaja la recaudación prevista a 635 millones de euros. La razón fundamental es que, debido a un error, en el límite conjunto entre IRPF-Patrimonio y Grandes Fortunas, se debe tomar la cuota íntegra de Patrimonio, aunque esté bonificada al 100% por la Comunidad Autónoma. Este límite trata de garantizar la no confiscatoriedad y, por lo tanto, la constitucionalidad del impuesto, haciendo que el total de pagos por estos impuestos de un contribuyente no exceda del 60% de la renta bruta que obtiene.

Por supuesto, los impuestos patrimoniales se pueden diseñar mejor de como ha hecho el de grandes fortunas. Pero, los límites hay que establecerlos y limitan y mucho, la recaudación. También hay que ser conscientes, de que, aunque en España haya dos impuestos de patrimonio, en el resto de la UE no hay impuesto de patrimonio, y existe libertad de circulación de capitales y de personas. Por eso, y teniendo en cuenta que los más ricos tienen la mayor parte de su fortuna en activos mobiliarios (fundamentalmente acciones) que se pueden mover, a diferencia de los inmuebles, es prácticamente imposible recaudar este tipo de cuantías, 10.000 millones de euros adicionales, con estos tributos a los ricos. El único impuesto sobre la riqueza con el que se podría recaudar una cuantía de este tipo es el IBI, precisamente porque los inmuebles no se pueden mover. Una subida del 70% u 80% permitiría pasar de 14.000 a 24.000 millones de euros. Otra alternativa sería un incremento sustancial en el IRPF, que recaudó el año pasado 110.000 millones, o bien en el IVA. A la vista de que sólo con un impuesto a los "ricos" no se puede pagar la herencia universal, ahora Sumar propone otros nuevos tributos complementarios. Parece que están estudiando un impuesto adicional, en línea con los de los bancos y energéticas, a las empresas constructoras e inmobiliarias, que, en opinión de este grupo político, tributan muy poco. Sin entrar en eso, en lo que llevamos de año se han caído tanto el número de transacciones de vivienda, como también las hipotecas constituidas para adquirirlas. Evidentemente, la subida de los tipos de interés está detrás de estas cifras, y anticipa una caída del beneficio, por lo menos en España, de constructoras e inmobiliarias. Y por supuesto, en la medida en que puedan, las inmobiliarias trasladarían este nuevo coste al precio de la vivienda, dificultando aún más el acceso a la misma. En resumen, aunque al lector le parezca que la "herencia universal" de 20.000 euros es una gran idea, debe tener claro que, aunque no sea rico ni tampoco un gran magnate inmobiliario, acabaría pagando su coste a través del sistema fiscal, de una forma u otra. Además, en lo que se refiere a finanzas públicas no estamos como en 2018, tenemos más déficit, un 4,8%, más deuda, un 113% del PIB, y, sobre todo, tendremos que financiarla a unos tipos de interés que se han incrementado 4 puntos en el último año. Sólo el aumento del gasto anual por intereses será muy superior, pero mucho, a los 10.000 millones de la herencia universal al final de la legislatura. ¿Y esto, quién lo paga? Pues no sólo los ricos…

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