El segundo semestre de 2023, coincidiendo con la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, va a tener lugar el debate sobre el futuro de las reglas fiscales de los países miembros en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
Es un contexto, además, idóneo para hacerlo, con las reglas fiscales suspendidas por la Comisión Europea hasta 2024 al activar la cláusula de salvaguarda por el impacto de la pandemia, prorrogada por el alza de los precios como consecuencia de la invasión rusa y la guerra en Ucrania. Y por tanto, el momento de volver a poner en marcha todas las herramientas de la política fiscal europea parece el más adecuado para abrir un debate responsable y riguroso, pero también ambicioso, sobre su eficacia y la capacidad o no de flexibilizar las reglas fiscales y adecuarlas a los tiempos actuales.
No es difícil aventurar que ante un marco de esa importancia el Gobierno de España volverá a demostrar su capacidad de interlocución y liderazgo como en todos estos años recientes en el seno de los debates europeos en cuestiones como la gestión sanitaria de la pandemia, la creación de los fondos europeos o la puesta en marcha de mecanismos como la excepción ibérica y el tope al gas para hacer frente a las desmesuradas subidas de precio de la energía.
Hace unos días el Gobierno de España remitió a la Comisión Europea el Programa de Estabilidad 2023-2026 en el que se dibuja el escenario macroeconómico de nuestro país y que adelanta a 2024 la reducción del déficit al 3%. Un avance prudente, avalado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que pone de manifiesto la eficacia de la política económica del Gobierno y el éxito de las reformas estructurales desplegadas, y que evidencia el compromiso con la responsabilidad fiscal del Gobierno de Pedro Sánchez.
La gestión económica de estos años ha demostrado que la austeridad fiscal y la reducción del gasto público de otro tiempo, con recortes, privatizaciones e incluso con copagos farmacéuticos como los que puso en marcha el Gobierno de Mariano Rajoy, no tenían una relación directa con el cumplimiento de los objetivos de déficit y deuda marcados por la Comisión Europea ni con la estabilidad presupuestaria.
Año tras año, desde 2011 hasta 2018, el Gobierno del Partido Popular incumplió las reglas fiscales de la Unión Europea a la vez que tenía a la ciudadanía asfixiada con importantes subidas de impuestos, a la vez que se mermaban todos sus derechos con los recortes en los servicios públicos, la congelación de las pensiones y el sueldo de los empleados públicos o el desmantelamiento progresivo del Estado del Bienestar que se ha tenido que recomponer estos años con inversiones históricas en Sanidad, Educación o Dependencia a la vez que se hacía frente a los desafíos actuales.
En cambio, en el contexto actual, ha ocurrido todo lo contrario. Se ha demostrado que se podía garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas con políticas de protección y ayuda a las familias, a los trabajadores, a las empresas, las pymes y a los autónomos. Y, a pesar de la suspensión de las reglas fiscales estos años, el Gobierno de Pedro Sánchez ha mantenido su compromiso con la estabilidad presupuestaria, después del importante esfuerzo fiscal para hacer frente a las consecuencias de la pandemia, reduciendo el déficit del 10,1% en 2020 al 4,8% en 2022. La mayor rebaja de la serie histórica que han convertido a España en el séptimo país de la UE que más ha reducido el déficit en términos de PIB desde 2020, registrando todos los años cifras de déficit inferior a las previsiones.
Y todo ello a la vez que se desplegaba una estrategia de política económica sin precedentes, con reformas estructurales y leyes de enorme calado, que ha hecho posible que España sea la gran economía de la Eurozona que más ha crecido en 2021 y 2022 y que siga liderando el crecimiento en 2023, el país con cifras récord en creación de empleo y de mayor calidad, una reducción progresiva del paro estructural, la disminución de la desigualdad, el dinamismo de las exportaciones y también con un impacto tremendamente positivo en la transformación que está llevándose a cabo en el país en clave de competitividad con el despliegue del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. España avanza con rigor fiscal pero, sobre todo, con ambición de modernización y transformación económica, generando confianza y certidumbre en la economía española.
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