Con los gafes ocurre lo que dicen de las brujas que no existen, pero haberlas, "haylas". Porque díganme si no es para creer en gafes que el mismo día que el Gobierno pone en marcha su medida estrella de topar el gas para bajar la tarifa eléctrica el precio de la luz no sólo no baje, sino que suba un 5% y un 15% más el día después.
Cierto es que los efectos de la medida habrá que enjuiciarlos en el medio plazo, pero como ya explicamos en su momento la llamada "excepción ibérica" adolece de unos defectos y carencias que denotan un profundo desconocimiento del funcionamiento del mercado eléctrico o, lo que es más grave, un falseamiento por intereses políticos y para evitar bajar los impuestos como han hecho el resto de nuestros socios europeos.
Así, frente al mensaje del Gobierno de que es el gas quien fija los precios más caros en la subasta del mercado, los datos aportados por el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE) muestran que en la mayoría de los casos son las centrales hidráulicas las que determinan los precios máximos de la electricidad. De hecho, durante el año 2021 sólo el 16% de las pujas las cerró el gas, frente al 50% de las subastas que cerró el agua y el 20% de las renovables.
A ello hay que añadir que topar el precio no significa que las eléctricas vayan a pagar el gas más barato. Expertos en el funcionamiento del mercado coinciden en afirmar que la puja no tiene porqué ir vinculada y recuerdan que las compañías tienen que pagar el 36% al mercado de emisión, es decir nunca menos de 110 euros teniendo en cuenta los costes fijos y los variables. Una segunda derivada es que topar el precio del gas exige después compensar a las empresas gasistas lo que si se imputa en el recibo final los técnicos estiman que el ahorro para el consumidor es reducido y, en todo caso, inferior al 15% de que habla el Gobierno.
Eso sin contar que la presunta rebaja de hoy la tendremos que pagar en diferido como ocurre con el llamado déficit de tarifa, el sistema que se instauró en España en el año 2000 y que se refiere a la diferencia entre los ingresos que las eléctricas reciben por los pagos de los consumidores y los costes que tienen que pagar por el suministro. Una diferencia que, a final de 2020 se elevaba a 14.294 millones de euros y que t pagamos los usuarios, con los correspondientes intereses, a través de la factura de la luz.
Una vez más los hechos demuestran que intervenir los mercados nunca es una solución y, en el mejor de los casos, sólo traen pan para hoy y hambre para mañana. Que es, precisamente, lo que va a ocurrir con ese proyecto de ley de defensa de la sanidad pública que la sociedad Sánchez&Cia se ha sacado de la manga para intentar paliar el desastre que las encuestas le anuncian en Andalucía.
Una nueva componenda de muy dudosa constitucionalidad que en lugar de defender lo perpetra una agresión a la sanidad a la que intervienen por razones electoralistas e ideológicas en lugar de recortar el gasto en ministerios ineficaces y en la pléyade de asesores y enchufados que mantiene para destinar ese ahorro a ampliar las plazas y subir los sueldos de médicos y del resto de profesionales sanitarios.
Eso sin contar que si la medida entra en vigor puede provocar un colapso en el sistema. Los datos que manejan las asociaciones profesionales de la sanidad muestran que habría sido imposible afrontar la crisis del COVID sin los recursos privados que absorbieron el 30% de las hospitalizaciones. Además de que la partida que se dedica a conciertos con la sanidad privada supone sólo el 11,2 % del gasto sanitario público, mientras que los conciertos son un ahorro para el sistema público porque optimizan los recursos asistenciales con tarifas entre un 25 y un 69 por ciento menores.
Eso sí, como ocurre con la educación, ellos acuden y llevan a sus hijos a la sanidad privada. Y si no, que le pregunten a la exvicepresidenta Carmen Calvo.
