Salud

Sanidad prohíbe los conciertos con la privada salvo "casos excepcionales"

  • Darias consensuará con las CCAA los criterios para poder externalizar servicios

Una de las promesas de legislatura que más temía el sector de la sanidad privada consumó el primer paso para convertirse en una realidad. El Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley de Cohesión Sanitaria en el que se incluye la derogación de la norma 15/97, que habilitó en su momento el desarrollo de la sanidad privada en España. De esta forma, se prioriza la gestión pública directa de la sanidad y se prohíben nuevos conciertos con las empresas del sector excepto "casos excepcionales". Estas salvedades se consensuarán entre Gobierno central y comunidades autónomas en el seno del Consejo Interterritorial y se tendrá que acreditar en un informe que se carecen de los medios propios para ofrecer el servicio sanitario directamente.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, explicó en rueda de prensa que las comunidades autónomas tendrán que demostrar antes de poder negociar con la sanidad privada que tienen optimizados sus recursos sanitarios y que realmente tienen insuficiencia de medios propios para prestar el servicio. El Anteproyecto también contempla la posibilidad de realizar una "modificación legislativa y normativa" a nivel nacional para facilitar que las comunidades autónomas puedan revertir privatizaciones de centros sanitarios "en las mejores condiciones posibles".

Desde que el sábado pasado el presidente del Gobierno anticipase la prohibición de nuevos conciertos con la sanidad privada, el sector se ha revuelto desde las dos patronales que lo representan. "La burbuja de la política populista no hace más que dificultar una solución eficaz de los problemas, cuando lo importante e imprescindible es sumar voluntades y multiplicar esfuerzos, con una estrategia consensuada, y sinérgica. Lo contrario solo lleva al fracaso y al empobrecimiento de un sistema público ya a todas luces insuficiente", explican desde la Fundación IDIS. por su parte, desde ASPE, inciden en que "derogar la Ley de Formas de Gestión 15/1997 para revertir los conciertos de salud son propuestas sustentadas únicamente en razones ideológicas y que ignoran totalmente criterios objetivos que miden, en base a las estadísticas del propio Ministerio de Sanidad, la eficacia del modelo colaborativo en materia de salud".

Además de esta polémica, la Ley de Cohesión sanitaria también contempla otras medidas. El texto recoge "establecer la eliminación de los copagos sanitarios", especialmente en transporte sanitario no urgente. Y también amplía la excepción del copago ortoprotésico a los colectivos más vulnerables, al igual que se hizo con los copagos farmacéuticos.

El Gobierno busca recuperar también la Cartera Común de Servicios "única". Esto significa que desaparecerán las prioridades entre las diferentes tipos de actuaciones médicas y todas deberán ser garantizadas por igual en las comunidades autónomas. En cuanto a la universalidad, el Gobierno pretende garantizar el derecho a la protección de la salud y la atención sanitaria de todos los ciudadanos, independientemente de su origen y amplía el derecho a colectivos, como personas de origen española que viven en el exterior.

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