España ha celebrado las que se consideraban las elecciones más inciertas de la democracia. Parte de los resultados finales, sin duda, han estado a la altura de las expectativas. Es el caso de la caída histórica que ha sufrido el PP, hasta los 66 escaños, el peor resultado de su historia (inferior a las primeras elecciones de José María Aznar).
Sin embargo, no se puede hablar de un viraje inédito en el reparto de apoyos entre los bloques de derecha e izquierda. Sin duda, el PSOE ha ganado las elecciones, mejorando sensiblemente su representación (desde los 85 diputados de 2016 hasta los 123 actuales), pero su situación actual no es muy diferente a la afrontada desde que Pedro Sánchez ganó la moción de censura contra Mariano Rajoy.
El innegable traspié que ha sufrido Unidas Podemos, al perder 29 diputados y quedar ahora como cuarta fuerza parlamentaria, dificulta que los socialistas y el partido morado sumen una mayoría suficiente para gobernar. En esta situación, Sánchez se encuentra ante dos posibilidades. La primera pasa por apuntalar el apoyo que Podemos ya le garantizó con el respaldo, o siquiera, la abstención de los partidos nacionalistas. La segunda consiste en una alianza con Ciudadanos.
La opción de recurrir a los nacionalistas ya no es tan ineludible como ciertos sectores de la izquierda defendían antes de las votaciones. La supuesta necesidad de aplacar al independentismo catalán es ahora muy discutible, ante el avance que ha experimentado ERC. El partido secesionista más partidario de la opción dialogada con el Estado contará ahora con 15 escaños y amplía su distancia con respecto a los 7 en los que se ha quedado Junts per Catalunya, el partido del todavía fugado Carles Puigdemont.
"El pacto PSOE-Ciudadanos, por tanto, es factible, pese al rechazo expresado por Rivera durante la campaña. La situación económica demanda que ambas formaciones hagan posible un acuerdo de esas características".
Pero todavía hay más razones para abogar por el acuerdo con Ciudadanos. El partido naranja ha tenido unos buenos resultados, que todavía afianzan más su posición como partido capaz de influir en el Gobierno. Los 25 escaños que ha ganado con respecto a 2016, le han permitido aguantar con firmeza el empuje de Vox. Es cierto que la formación de Santiago Abascal ha pasado vertiginosamente de unos residuales 47.000 votos hace tres años a aglutinar ahora 24 escaños. Pero ha quedado muy lejos del sorpasso a la formación de Albert Rivera que algunas encuestas le pronosticaban.
El pacto PSOE-Ciudadanos, por tanto, es factible, pese al rechazo expresado por Rivera durante la campaña. La situación económica demanda que ambas formaciones hagan posible un acuerdo de esas características. Pese a su retroceso, resulta indudable que Podemos venderá caro su apoyo y reclamará medidas que van más allá incluso de las ya de por sí lesivas subidas de impuestos que los Presupuestos de 2019 contemplaban. Hay mucho que temer de un alza de Sociedades, del IRPF de las rentas altas o de la fiscalidad del diésel. Pero los efectos perniciosos amenazan con multiplicarse si, además, el PSOE aumenta el salario mínimo interprofesional a 1.200 euros al final de la legislatura, acepta desmontar completamente la reforma laboral o interviene el mercado del alquiler inmobiliario.
La economía ya se encuentra en desaceleración, y pierde soportes hasta ahora de gran eficacia como el superávit del sector exterior, mientras el aumento del gasto ya ha vuelto a elevar el superávit público al 2,5% del PIB. Solo un pacto entre los socialistas y Ciudadanos ofrece garantías de que lo que ahora es una pausa en la recuperación del PIB no se convierta en el preámbulo de una situación mucho más grave.
