Miles, o millones, de españoles están en vilo por el supremo lío de las hipotecas. Hablan de él los periodistas, los políticos, los banqueros y los taxistas. Pero lo cierto es que el debate y los rifirrafes en torno al pago del impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) ha sumido al mercado hipotecario, al sector inmobiliario y a la industria de la construcción, en general, en un caos con nombres y apellidos.
El Gobierno enmendó al Tribunal Supremo y anunció que será la banca quien finalmente soporte esta carga fiscal, el Congreso convalidó el pasado jueves el real decreto ley para que paguen los bancos y este martes se hizo pública la sentencia que obligó al cliente a pagar el impuesto -que recoge seis opiniones de 12 magistrados que discrepan del criterio asumido-, lo que agita la división en el alto Tribunal.
Sea cual fuere el desenlace, las entidades no van a ir con este pago a cuestas, sino que lo endosarán directa o indirectamente a quienes vayan a hipotecarse. Máxime teniendo en cuenta que no podrán deducírselo en el Impuesto de Sociedades, por lo que los bancos actuarán para que las medidas políticas y jurídicas no afecten a sus cuentas de resultados.
Como consecuencia, los créditos se encarecerán y ello podría mermar un 0,5% el poder adquisitivo de los hogares españoles, originando en el mercado de la reforma un agujero de hasta 650 millones de euros, que agravaría una situación para la que las expectativas no son demasiado halagüeñas.
Es cierto que la economía, de momento, mantiene el pulso. Pero también es verdad que la anunciada desaceleración, unida al retraso de las comunidades autónomas a la hora de poner en marcha el Plan Estatal de Vivienda, afectarán sin lugar a dudas al mercado de la reforma.
"El cuello de botella generado ha paralizado varios miles de operaciones hipotecarias en toda España"
Un mercado en el que ya suenan las alarmas, por mucho que el encarecimiento de las hipotecas pueda terminar repartiéndose equitativamente entre todos los conceptos de gasto de los hogares. Por el momento, el cuello de botella generado ha paralizado varios miles de operaciones hipotecarias en toda España.
Y a sabiendas de que el 70% de las compraventas pasa antes o después por una reforma, cualquier parálisis de la actividad se trasladará a las actividades de reparación y mantenimiento.
El sector se encuentra atrapado entre varios frentes que amenazan con estrecharlo. Y falto de la aprobación de medidas que sirvan, por un lado, para crear una necesaria cultura hacia la reforma y, por otro, como revulsivo para amortiguar los efectos perversos que tendrán los últimos acontecimientos macro e hipotecarios. Requiere, en definitiva, de un buen repaso que lo convierta en motor sostenible de la construcción en España, pues genera 1,5 empleos por cada puesto de trabajo en obra nueva.
Y entre sus principales puntales destaca la recuperación de la deducción de IRPF por rehabilitación de vivienda habitual en el tramo estatal y autonómico -que se eliminó en 2013-, lo que podría favorecer a unos 200.000 hogares. Otra medida efectiva de carácter fiscal sería la rebaja del IVA de los materiales al 10%, tal y como tributa la mano de obra, puesto que contribuiría a que los hogares ahorraran 2.000 millones de euros en reformas.Al mismo tiempo, resultaría crucial seguir impulsando la figura del asesor técnico en reforma para profesionalizar el sector y evitar las malas praxis cometidas años atrás. Finalmente, también sería importante crear un Código Técnico de la Reforma (CTR) que, al igual que el Código Técnico de la Edificación (CTE), marque las pautas por las que debe regirse la reforma desde el punto de vista técnico y constructivo y cubra el vacío que deja el CTE, que únicamente se dirige a la vivienda nueva.
El pulso supremo que enfrenta a políticos y juristas, y que tanto ha desconcertado a los hipotecados, obliga a ponerse manos a la obra para que la hipoteca a pagar por este caos no resulte demasiado gravosa.