"Los ciudadanos nunca más pagarán el impuesto de las hipotecas", así de contundente se ha mostrado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para anunciar que cambiará la ley para que sea la banca quien pague el tributo de Actos Jurídicos Documentados (AJD). Lo hará a través de un decreto ley que aprobará mañana el Consejo de Ministros y entrará en vigor con su publicación en el BOE (previsiblemente el viernes). A través del Decreto Ley se modificará el artículo 29 de la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que regula el tributo. Sánchez ha añadido que la modificación del impuesto no conllevará su aplicación con retroactividad.
El citado artículo 29, en su redacción actual, determina que "será sujeto pasivo del impuesto -quien debe pagarlo- el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan". La interpretación de esa última frase es la que causaba mayores dudas, razón por la que se fijó una norma para determinar que era el cliente quien debía asumir el pago.
Asimismo este Real Decreto Ley deberá contar con la mayoría simple del Congreso de los Diputados. Varias fuentes consultadas por la agencia Reuters anticipan que diversas formaciones políticas se habrían mostrado dispuestas a modificar la ley.
El Gobierno de Sánchez articula de esta manera el golpe un día después de que Tribunal Supremo, en un ajustado y largo debate - con 15 votos a favor y 13 en contra - acordase volver al criterio por el que el cliente debía ser el que asumiese el pago del polémico tributo. Ante ello, el presidente del Ejecutivo ha aprovechado para pedir al Supremo que haga "autocrítica" sobre lo ocurrido.
"Creo que se tiene que hacer esa autocrítica por parte del Tribunal Supremo", ha dicho. El presidente, que ha recordado al Supremo que ha "tenido pendiente a todo el sector financiero y a la mayoría de los ciudadanos" las dos últimas semanas, ha dicho, no obstante, que no cree que este asunto vaya a "minar la credibilidad" de este tribunal, porque "nada tiene que ver una cosa con otra".
Antes de la comparecencia urgente de Sánchez, el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, pedía al Gobierno que acometiera una reforma de la legislación hipotecaria para "clarificar" quién debe pagar el impuesto sobre las hipotecas, ya que en su opinión, "se producen problemas de interpretación cuando las leyes no son claras". "Creo que ahora mismo, las Cortes Generales tienen una magnífica oportunidad, porque hay proyectos de ley en trámite, para clarificar de forma definitiva quién tiene que ser el sujeto pasivo en los contratos de préstamos con garantía hipotecaria", señalaba.
¿Se podría suprimir el polémico impuesto? Sánchez ha reiterado que la voluntad del Gobierno es la de atribuir el tributo al sector bancario, no su eliminación, por lo que, ha dicho, quien quiera hacerlo deberá primero hablarlo con los presidentes autonómicos, al tratarse de una competencia transferida.
"Hay un partido que dice que hay que suprimir un impuesto que nutre las arcas de las comunidades y cuando yo hablo con los presidentes autonómicos lo único que me piden son más recursos económicos, así que no me cuadran las cuentas; tendrán que ser coherentes y decir que si quieren menos recursos, quieren también tener un menor Estado de bienestar", reiteró.
En particular, Sánchez se refería al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que ha anunciado que si se convierte en presidente del Gobierno hará una "revolución fiscal" que incluirá la supresión de impuestos como el de AJD. Nuestro proyecto se basa en defender la libertad individual, seguridad jurídica y propiedad de los españoles. Por eso haremos una revolución fiscal al llegar al Gobierno para reducir los impuestos de la renta, sociedades, y suprimir los de patrimonio, donaciones, sucesiones y AJD.
Nuestro proyecto se basa en defender la libertad individual, seguridad jurídica y propiedad de los españoles. Por eso haremos una revolución fiscal al llegar al Gobierno para reducir los impuestos de la renta, sociedades, y suprimir los de patrimonio, donaciones, sucesiones y AJD
Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 7 de noviembre de 2018
¿Se encarecerán las hipotecas? Sánchez ha apelado a la responsabilidad del sector financiero para que no repercutan esta decisión en las comisiones y tipos de los préstamos hipotecarios. "Yo creo y espero que no (lo hagan)", ha dicho el presidente, que ha insistido en que lo que hace el Gobierno con este real decreto es aclarar la situación, garantizar la seguridad jurídica y fortalecer la igualdad.
¿Reclamar en los tribunales europeos? Preguntado acerca de si los ciudadanos que han pagado el impuesto hipotecario hasta ahora podrán reclamar en los tribunales su devolución por responsabilidad patrimonial del Estado, el jefe del Ejecutivo afirmó que las reglas fiscales "no obedecen al principio de retroactividad", como así ha indicado la jurisprudencia, pero añadió que no le compete a él decir a los ciudadanos si tienen capacidad o no de acudir a los tribunales.
En este sentido, afirmó también que los ciudadanos que se sientan perjudicados "están en su derecho" de acudir al Tribunal de la UE, porque España es un Estado social y democrático de derecho. "Están en su absoluto derecho", se limitó a indicar Sánchez. Por último, indicó que deben ser los medios y los ciudadanos quienes juzguen si la decisión del Gobierno es "populismo", y aseguró que este cambio en el impuesto se ha hecho en defensa del interés general, de la seguridad jurídica y de la salvaguarda de los derechos de todos los ciudadanos.
Autoridad para proteger a los clientes
Al margen del impuesto de las hipotecas, con el objetivo de elevar la protección y los derechos de los clientes financieros, Sánchez ha anunciado que el Gobierno remitirá en las próximas semanas a las Cortes la creación de una Autoridad Independiente de protección de clientes financieros, con la intención de garantizar la seguridad jurídica "de todos y para todos".
Con esta autoridad independiente, se reforzará la protección ante potenciales abusos y se mejorará la capacidad de resolver conflictos financieros, ha explicado Sánchez.
Tanto la reforma de la ley para cambiar el sujeto pasivo del impuesto de Actos Jurídicos Documentados como la creación de la Autoridad independiente de protección a clientes financieros entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, según indicó.
