Madrid
El Gobierno sacó adelante en el Congreso el restablecimiento de la cobertura sanitaria universal. Su primer efecto será elevar en 500 millones anuales el gasto del sistema de atención. Pero la carga amenaza con ser mayor, ya que miles de personas que no pagan impuestos accederán a tarjetas sanitarias utilizables en toda la UE, cargando las facturas a España.
Los pasos del Ejecutivo hacia un mayor gasto rebasan la Sanidad. Fomento anuncia que relicitar no es la única solución que baraja para las autopistas de peaje quebradas. Se abre la posibilidad de que continúen en manos del Estado, lo que permitiría en el futuro hacerlas gratuitas. Es un plan que encajaría en el proyecto del Gobierno de eliminar de forma general los peajes, sin concretar qué vía se buscaría para paliar la caída de ingresos (por ejemplo, implantando la euroviñeta).
A todo ello, hay que sumar el hecho de que el Pacto de Toledo está ya a punto de emitir su recomendación de que la revinculación de las pensiones al IPC sea permanente. El gasto público se incrementa así con fuerza y la propuesta del Gobierno para manejarlo continúa limitada a elevar la presión fiscal, con medidas como un impuesto a las transacciones financieras, que la ministra Calviño apoyó ayer expresamente, o mayores gravámenes para rentas altas. Se trata de una respuesta equivocada. Como el consejero delegado del Santander, José Antonio Álvarez, explicó en el Congreso, castigar a la banca es castigar la economía.
Igualmente, las alzas en el IRPF o la penalización del ahorro ahuyentarán a empresas e inversores. Si a estas circunstancias se suma la realidad de que el PIB muestra un evidente enfriamiento, las alzas de gasto que el Ejecutivo impulsa suponen un grave peligro.
