En Europa, oficialmente al menos, los tipos de interés no han subido. Sin embargo, el coste de pedir prestado se está incrementando, y por ejemplo el euribor a un año ha pasado del -0,5% al 0%. Esto coincide con las tasas de inflación más elevadas en décadas en toda Europa.
Es decir, que los tipos de interés reales, es decir los tipos nominales menos la inflación, no es que sean negativos, sino que son los más negativos que hemos tenido nunca. Al mismo tiempo, el Banco Central Europeo sigue comprando deuda pública de los estados, aunque pondrá fin a las compras en el tercer trimestre, probablemente en julio, según su vicepresidente, Luis de Guindos.
De todo esto se deduce que la política monetaria se va a endurecer inevitablemente, y que los tipos de interés van a seguir aumentando en el futuro, como ya lo están haciendo en Gran Bretaña y Estados Unidos. Los analistas, que hace unos meses proyectaban tipos en negativo durante años, ahora prevén una subida de entre dos puntos y dos puntos y medio de los tipos de interés.
No parece mucho, y ojalá sea suficiente para contener la inflación, pero las consecuencias serán importantes. Y más bien negativas para España, todo sea dicho.
Por una parte, la deuda pública española al cierre de 2021 era de 1,42 billones de euros, un 118,4% del PIB según el Banco de España. Pero pese a este volumen de deuda, los intereses que las Administraciones españolas pagaron el año pasado ascendieron a sólo 26.085 millones de euros, un 2,2% del PIB. Un aumento de dos puntos en el interés de la deuda aumentaría el gasto público, y consecuentemente, el déficit público en unos 28.000 millones de euros, unos 2,4 puntos del PIB. Como la deuda está, fundamentalmente, en manos de no residentes y no parece que esto vaya a cambiar, la mayor parte de este aumento de gastos se pagaría al exterior.
La buena noticia es que la duración media de la deuda es ligeramente superior a los 8 años. Esto quiere decir que el Estado sólo tiene que renovar una parte de la deuda, así como la nueva que se emita para financiar el déficit del ejercicio. Por ejemplo, este año 2022 está previsto emitir 230.000 millones de euros. Es decir, que tardaremos varios años en percibir la totalidad de este coste, pero a medio plazo habrá que pagar más en intereses de la deuda, gasto público que habrá que detraer de otras partidas si no se quiere subir los impuestos.
Pero esto no sólo afecta al sector público. Por ejemplo, la banca tiene concedidos unos 510.000 millones de euros en préstamos hipotecarios. Según la Asociación Hipotecaria, al cierre de 2021, un 75% de las hipotecas estaban concedidas a tipo variable. Aquí el traslado de la subida de tipos es muchísimo más rápido, ya que las hipotecas variables se revisan todos los años, habitualmente con el euribor medio del mes anterior a la revisión. Sólo por la actualización a un tipo de euribor más elevado, las familias españolas pagarán miles de millones de euros más cada año. A este primer efecto, hay que añadir el aumento del coste de financiación de las empresas, que en general, tienen préstamos a un plazo menor, que tendrán que ir renovando a mayores tipos de interés.
Este panorama se complica si se le añade el coste de la factura energética. Los costes de carburantes, electricidad y gas han aumentado para todos los consumidores, particulares y empresas. Esto supone que las empresas tienen que afrontar mayores costes energéticos y pronto financieros. Si aquí añadimos, por la inflación, mayores costes salariales, entonces las empresas que no puedan aumentar sus precios de venta acabarán cerrando.
Por otra parte, si hay aumentos de salarios, además de aumentos de precios de venta, entonces la inflación aumentará. Si este escenario se produce en toda Europa, o la política monetaria se sigue endureciendo, o la inflación seguirá sin control. Y algo de esto ya está pasando, porque la inflación subyacente, que excluye alimentos frescos y energía, ya está en casi toda Europa por encima del 3%. Una parte, aunque no toda, la inflación energética se está trasladando al resto de bienes y servicios.
Si los salarios y los precios no se moderan en España, pero sí lo hacen en el resto de Europa, en ese caso, las consecuencias tampoco serán buenas. Esto supondrá perder competitividad, es decir, a medio plazo perder empleo, producción y riqueza. La única forma de compensar estos aumentos de coste en las empresas sería incrementar la productividad. Sin embargo, los datos del Instituto Nacional de Estadística nos indican que en los últimos años está sucediendo precisamente lo contrario, que se está reduciendo la productividad. Es posible que estos datos mejoren con la salida de la Pandemia y el final de las restricciones, pero, de momento ésta es la situación.
Todavía seguimos padeciendo, a nivel económico, social y sanitario, las consecuencias de la pandemia del Covid. Además, las restricciones siguen afectando a China, que es la segunda economía mundial y una pieza clave en la cadena global de suministros. Si a esto se añaden las consecuencias en los mercados energéticos, y también alimentarios, de la guerra de Ucrania, parece que tenemos la tormenta perfecta. Precisamente por eso, parece que la normalización monetaria, es decir la inevitable subida de los tipos de interés, llega en el peor momento para España.
Sin embargo, aunque es evidente que el endurecimiento de las condiciones financieras nunca le viene bien a un país endeudado y con desequilibrios, la realidad es que habrá que afrontarlo. Tengamos en cuenta que, como se consoliden las expectativas de una inflación elevada, la subida de tipos de interés necesaria para restablecerla a un nivel razonable será muy superior a dos puntos. Pero, además, la política monetaria no depende de España, sino de un BCE, que tiene un objetivo fundamental de mantener la estabilidad de precios.
Al empobrecimiento derivado del shock energético se le ha juntado que tengamos que afrontar la realidad de que el endeudamiento, con el que suavizamos la crisis de la Pandemia, no era gratis, o por lo menos, no era gratis para siempre. Precisamente por eso, las reformas necesarias para reducir los desequilibrios endémicos de la economía española, como el paro, la precariedad en el empleo o el déficit público recurrente ya no son sólo necesarias, sino también cada vez más urgentes.
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