Apenas habían pasado 24 horas desde que se publicara en el BOE el real decreto ley de Pedro Sánchez con las medidas para hacer frente al impacto de la guerra de Ucrania, cuando la inflación se había comido ya el 50% de la bonificación en el precio de los carburantes, confirmando que ese plan de choque para doblegar la curva de los precios llega tarde, es pobre, mentiroso y, además, apenas va a reducir en un punto la tasa de inflación que marzo nos ha subido ya hasta el 9,8%.
Tarde, porque vistas las medidas que se incluyen no se entiende porque se ha tenido que esperar hasta el Consejo Europeo del día 25 cuando ninguna de ellas necesitaba el visto bueno de Bruselas. Pobre porque los recursos asignados, 16.500 millones de euros, son los más escasos de todos los principales países de la Unión. Y mentiroso porque de ese total el Gobierno sólo aporta 6.000 millones, siendo el resto aportaciones del sector privado. Y porque más que bueno para España y para los españoles, el plan es bueno para Hacienda y para Sánchez. El presidente de un Gobierno que ha hecho de la pobreza un negocio resistiéndose a bajar los impuestos para seguir engordando las arcas del Estado a costa del empobrecimiento de los españoles, especialmente de las clases más desfavorecidas de la sociedad.
Así, y desglosando por medidas, vemos que la bonificación de 20 céntimos por litro de gasolina o gasóleo es más una limosna que un remedio porque sólo suponen una cuarta parte de los 80 céntimos por litro que ha subido el precio de los carburantes, además de que tomando como referencia los datos de consumo anual de carburantes de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) el coste total de la bonificación durante los tres meses de vigencia será de 1.395 millones de euros mientras que la inflación aumenta la recaudación del IVA en unos 5.000 millones. Cifra que se suma a la avanzada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que resalta que la Agencia Tributaria recauda ya entre 3.000 y 3.500 millones de euros adicionales por IVA a consecuencia de la subida de los precios energéticos.
Sólo por los impuestos a la gasolina Hacienda está ingresando 250 millones de euros más el mes, mientras que los hogares españoles están perdiendo poder adquisitivo entre un 6% las rentas más altas y un 26% las más bajas, añadido a que por no deflactar las tarifas del IRPF en relación a la subida de los precios cada trabajador va a pagar 200 euros más lo que supone 4.110 millones de euros extras para Hacienda.
Y es cierto que la inflación no la ha generado Sánchez y que afecta a todo el conjunto de la UE, pero el problema no es de origen sino de gestión, y esta demuestra que no sólo tenemos la tasa de inflación más alta de Europa -ya hemos superado a Bélgica- sino que durante la pandemia fuimos el país del mundo desarrollado con mayor hundimiento del PIB junto a Argentina.
Respecto a las ayudas a las empresas apuntar que 10.000 millones de euros, de los 16,000 del Plan son créditos ICO, es decir que el dinero lo dan los bancos, avalados por el Estado, eso sí, pero que sólo responderá si en caso de impagos. Eso y que su utilidad es muy cuestionable como demuestra el que un 70% de las pymes y de los autónomos siguen sin ver un solo euro de los 7.000 millones de los fondos para solventar los problemas financieros derivados del COVID. Porque las empresas ni quieren ni pueden endeudarse.
Y en relación al resto de medidas es evidente que la limitación de los precios de los alquileres crea inseguridad jurídica, limita la oferta y encarece los precios, mientras que la prohibición de despedir a las empresas ahuyenta la inversión y aboca a nuevos cierres con el consiguiente aumento de parados.
Medidas éstas últimas que aparentan tener el sello de Podemos, aunque sólo lo aparentan porque como afirma mi compañero y amigo Juan Berga, probablemente Pedro Sánchez es el miembro más podemita del Gobierno. Así será, si así parece.
Entidades
