Lejos del triunfalismo del Gobierno, el permiso de Europa para topar el gas que permita bajar los precios de la luz, que ya veremos cómo y cuando se concreta, nos deja como el niño tonto de la escuela al que en lugar de hacer los deberes y bajar impuestos se le excluye del grupo para que no moleste ni retrase a los demás.
Los últimos en la clase de la UE en materia de lucha contra la inflación, puesto que ya ocupamos también en la asignatura de los fondos europeos que el Gobierno publicitó durante todo el año pasado como la panacea para la recuperación y la transformación y modernización de la economía, y cuya escasa ejecución, ineficacia en la gestión y sectarismo en el reparto ha despertado la alarma empresarial y la inquietud en las autoridades europeas con el consiguiente riesgo para la llegada de las próximas partidas. "Están yendo mal y nos gustaría que fueran más rápido porque está todo muy parado", afirmaba recientemente un alto directivo de banca, mientras que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, proponía descentralizar la gestión y dar más participación a las comunidades autónomas y a las empresas porque se observa un "cuello de botella y un problema de coordinación". Factores que junto a los retrasos en la aprobación del Plan de Recuperación y las trabas denunciadas por los empresarios - casi el 20% de las ayudas con fondos europeos se lanzan con plazos de menos de 15 días lo que dificulta el acceso de pymes y de autónomos a las convocatorias- aparecen como causa de la infraejecución registrada el año pasado con apenas 3.000 millones de euros realizados. El propio Ministerio de Asuntos Económicos, que dirige Nadia Calviño, ha reconocido que en 2021 el Estado desembolsó menos de la mitad de los fondos europeos previstos. De las 464 convocatorias realizadas hasta la fecha, solo están abiertas 177 licitaciones y subvenciones por valor de 7.787 millones de euros, mientras responsables del Gobierno, que lleva dos meses y medio si actualizar los datos de ejecución, admiten que no saben qué parte de los fondos europeos ha llegado hasta ahora a las empresas.
Los cálculos realizados por la Fundación de Estudios de la Economía Aplicada (Fedea), a pesar de la falta de transparencia del Gobierno, evidencian que hasta el pasado 30 de noviembre cinco ministerios -Exteriores, Defensa, Interior, Política Territorial y Seguridad Social- habían ejecutado menos del 1% de los fondos europeos presupuestados en 2021.
Además, la mayor parte de los proyectos están lejos de los objetivos de Moncloa de digitalización, transición ecológica y cohesión territorial. De hecho, desde las instituciones económicas y empresariales se denuncia que el detalle de lo hasta ahora ejecutado muestra que el Gobierno está utilizando estos fondos para "pagar webs de ministerios, el turismo de personas de orientación sexual o de una raza determinada o para rehabilitar todas las sedes de los sindicatos."
Ayudas para modernización de las estructuras de gestión artística por valor de 17,9 millones de euros; redacción de proyectos contra el ruido por 14,5 millones; ayudas para la organización de festivales y certámenes cinematográficos por 1,2 millones; la construcción de una pasarela peatonal por 320.000 euros; el mobiliario de oficina del centro de orientación del SEPE por 138.100 euros; y la realización de un informe sobre el mercado audiovisual por 120.000 euros, son algunos de los proyectos adjudicados con los fondos europeos. Un dinero que debería aprovecharse realmente para reactivar la economía, modernizar nuestro tejido productivo y crear empleo, pero que el Gobierno utiliza para premiar a los amigos, obras domésticas y comprar voluntades.
Y todo esto cuando las previsiones de crecimiento se hunden y la inflación se dispara como refleja el Consenso Económico elaborado por PwC, con las proyecciones de más de 450 expertos, directivos y empresarios, que ha rebajado en casi un punto, hasta sólo el 4,3% la estimación de crecimiento de nuestro PIB para este año y confirma que la economía española ha entrado en "una fase complicada" como consecuencia de la prolongación de la pandemia, los problemas de suministro en el comercio mundial y la invasión de Ucrania. Una guerra que el Gobierno utiliza para tapar sus incapacidades y su sectarismo.
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