La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, subió el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) con efecto retroactivo desde el 1 de enero de este mismo año hasta prácticamente 1.500 euros (impuestos incluidos que paga el empleador). Sorprende que a los interlocutores empresariales sólo les diera 24 horas de margen de análisis y además sin posibilidad de ofrecer alternativas. Se trata de una medida bienintencionada, pero completamente inoportuna y que por desgracia generará efectos negativos sobre la demanda de empleo, especialmente en los colectivos más débiles.
Esta circunstancia no sólo la acredita el sentido común, sino que el propio Gobierno a través del Ministerio de Economía maneja un análisis de la subida que ya acometió en 2.019 cuyo resultado es que destruyó 36.000 empleos. Al mismo tiempo, un estudio del Banco de España, refleja que esa bienintencionada medida afectó negativamente a entre 90.000 y 170.000 puestos de trabajo. Es decir, no se trata sólo de los que se destruyen porque el retorno de la contratación es menor que su coste, sino de aquellos que no se llegan a producir al incrementarse el coste.
Teniendo en cuenta la primera subida que se produjo en 2.019, en sólo tres años, el salario mínimo habría subido un 36%. Pero eso no es todo porque la previsión es que también aumente en 2023, último año de legislatura. Estos incrementos no se justifican por aumentos de la productividad que, por cierto, lleva más de tres años reduciéndose en España. De hecho, ahora nuestros niveles de productividad están desplomados debido a que nuestros costes globales son superiores a la media de la UE y, por ejemplo, duplican a los de Francia. Por lo tanto, es una medida claramente negativa.
Todos queremos mejorar los salarios, los mínimos, los medios y los máximos, pero si eso no va acompañado de medidas que fomenten la productividad de las empresas, sólo se conseguirá desempleo y destrucción de empresas que no pueden afrontar tantas subidas de costes. Además, por mucho que se incremente el SMI, si el trabajador se pasa una gran parte del año sin trabajo porque los periodos de contratación se reducen, el incremento es inocuo.
También tenemos el reto en España de mejorar la distribución de la renta. Sin embargo, se suele olvidar que el aumento de la desigualdad económica se debe, sobre todo, al inasumible desempleo que padecemos. Y, precisamente, la subida del salario mínimo tiene efectos negativos sobre la creación de empleo. Además, los incrementos del SMI tienden a aumentar la antisocial economía sumergida donde no rigen salarios mínimos, ni contratos escritos, ni protecciones sociales.
El 75% de nuestros jóvenes desempleados procede de sectores de baja cualificación, mientras que el otro 25% ha terminado una carrera universitaria o el Bachillerato. Lógicamente, lo más eficiente es contratar personas con formación y experiencia, así que un salario mínimo elevado perjudica que los jóvenes adquieran esa experiencia. Es decir, tratando de sobreproteger a los más débiles, con medidas como ésta, quedan más desprotegidos. La consecuencia directa es que España tiene un 31% de paro juvenil, el más elevado de Europa y, según el propio Banco de España, los trabajadores jóvenes podrían salir especialmente mal parados con esta subida del SMI.
Ese estudio del Banco de España ha estimado el efecto tanto de la subida del SMI en 2019, como la que se produjo en 2017 sobre los trabajadores afectados en cada caso. La conclusión es que la subida de 2019 afectó de manera más agresiva al empleo joven que la anterior, tanto por la vía de destrucción directa de empleo, como en forma de dificultad para encontrar un nuevo empleo. Así que, esto lleva a pensar que lamentablemente la actual subida tendrá un impacto aún mayor. Hay otras soluciones que se han mostrado más eficaces en nuestros países vecinos. Algunos optan por fijar un SMI más bajo para jóvenes, reduciendo así la altura del muro que divide el paro del empleo y otros han puesto en marcha el impuesto negativo sobre la renta, que desarrolló el Nobel Friedman.
Esta interesante iniciativa es una devolución de Hacienda que se ejecuta en el momento de la declaración del IRPF. En el tramo donde las rentas son más bajas, la devolución es un porcentaje de la renta declarada por la unidad familiar. Así, cuanto más se trabaja, más se ingresa, hasta un determinado umbral. En ese nivel de ingresos, la cuantía de la transferencia es fija. Y ya a partir de un nivel de ingresos superior, la cuantía se reduce de manera progresiva. Este instrumento es eficiente porque los recursos van a quienes realmente los necesitan y además no generan dependencias ni fomentan el trabajo no declarado.
Además, quienes lo perciben no pierden súbitamente la ayuda cuando logran incrementar sus ingresos o cuando acceden a un empleo. Es decir, se trata de un mecanismo que no desincentiva el empleo ni la consecución de rentas del trabajo. La clave es no generar dependencias de subsidios a una parte de la población con unas rentas mínimas, sino ayudarles a generar mayores rentas aportando su valor añadido a las empresas.
Olvidamos con frecuencia que el empleo es una consecuencia de la actividad económica. Por lo tanto, para mejorar el mercado de trabajo, antes hay que favorecer el desempeño de las empresas y el marco laboral es vital. Cuanto más productivas y competitivas sean nuestras empresas, serán más capaces de generar más empleos, más estables y con mayores salarios. La vacuna para la pandemia del paro es la empresa competitiva que necesita un marco de relaciones laborales flexible, predecible y con seguridad jurídica.
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