Opinión

La carambola de la reforma laboral

Si hay un tema clásico que suscita opiniones enfrentadas es el de cualquier reforma laboral porque se entrelazan análisis económicos, jurídicos y políticos.

Desde la óptica jurídica, la reforma que intenta sacar adelante el Gobierno supone la modificación de la estructura sobre la que se asienta el mercado laboral.

Se apuesta por la contratación indefinida, eliminando las actuales modalidades de contratación temporal y creando dos tipos nuevos.

Así, desaparecen los contratos por obra y servicio y se restringe el tiempo de concatenación de contratos. Se reordenan los contratos formativos para mejor cumplimiento de su finalidad. El Real Decreto establece dos nuevas modalidades, el de formación en alternancia y el de la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel académico del trabajador.

Se dan más facilidades para los ERTE y la implementación de programas de formación durante su duración.

Se establece la aplicación del convenio para contratas y subcontratas y la vuelta a la ultraactividad sin límite de los convenios colectivos, cuestión que modifica sustancialmente las condiciones de negociación sindical.

Igualmente, se refuerza el papel de los representantes sindicales y la capacidad de inspección de Trabajo.

Es decir, las reglas de juego han cambiado, apostando por la estabilidad laboral y el fairplay en las relaciones laborales.

Desde el punto de vista económico, las consecuencias existen dos perspectivas:

En el corto plazo, la incertidumbre castiga la economía, por tanto, cuánto mas claras estén las reglas de juego, antes se adaptan los agentes económicos y reorientan sus estrategias. Por ello, la aprobación de la reforma, pactada por patronal, sindicatos y Gobierno, es necesaria y urgente.

El segundo ángulo tiene que ver con el fondo y es a largo plazo. La reforma supone una nueva visión del modelo productivo. La inestabilidad laboral y los subterfugios para precarizar el empleo inciden directamente en los costes salariales.

Pero un modelo económico en el que la competitividad se basa en el abaratamiento de la mano de obra es pan para hoy y hambre para mañana, es decir, a larga es un empobrecimiento general del país. Lo sensato es que el sistema productivo se modernice, esto es, se sustente en la digitalización, la orientación hacia nuevas formas, como la circularización y una mejor utilización de los recursos que puede repercutir en menores costes y, sobre todo, la mejora de la productividad del trabajo.

La reforma laboral parece apostar por ese cambio en la productividad.

Sin embargo, en donde más se ha enrevesado la aprobación definitiva es en la esquina de la negociación política. En el seno del propio Gobierno se ha evidenciado una lucha feroz no tanto por capitanear los ejes del acuerdo, como por capitalizarla electoralmente.

Yolanda Díaz ha consolidado su liderazgo y ha construido sobre este proceso un trampolín para aspirar a algo más que la vicepresidencia heredada de su antecesor. Además, ha conseguido el objetivo de rearmar a CCOO frente a UGT, sembrando cierto malestar en la famosa unidad de acción sindical.

El otro protagonista, Pedro Sánchez. No ha logrado impedir que los laureles sean para su socio de Gobierno, Podemos, rompiéndose la regla general que otorga los réditos de la gestión al mayoritario.

Pero el hueso más duro ha sido la negociación. El presidente ha intentado, por un lado, crecer en el electorado de izquierda bautizándolo como la "derogación de la reforma" que hizo el Partido Popular en 2012 y, por otro, lanzar un mensaje de moderación marcando como socio preferente para la convalidación del Real Decreto a Ciudadanos, algo así como soplar y sorber a la vez.

El problema es que los votos con los que contaba a priori en el Congreso no eran suficientes. Los noes fueron 173, incluyeron un conglomerado que iba desde Vox a ERC. En esta circunstancia, el Gobierno sumó todo lo que pudo, pero, incluso así, no consiguió los apoyos necesarios.

Eso sí, la reforma ha sido aprobada por el consabido error de un diputado popular.

En España, la sociedad es más seria que los representantes políticos. Mientras los agentes económicos han pactado los términos de la reforma, la hambruna electoral de algunos y las exigencias de otros y el acoso y derribo de otros, ha hecho que algo fundamental para el desarrollo económico y social sea resultado de una carambola.

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Comentarios 1

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vio
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En España la justicia actúa con tanto retraso que se convierte en injusticia. Si el error cometido en la votación por un miembro del PP se resolviera en una semana las cosas estarían muy claras. Ahora bien, si el Tribunal Constitucional tarda 2 años, ya no vale la pena que actúe. Lo que ha quedado en evidencia es que una justicia inoperante se convierte en una injustica real. Por otra parte, hay que destacar el desprecio de los partidos marxistas comunistas por las Pymes, obligándolas a pagar indemnizaciones por despido más caras y farragosas. Todo gobierno que desprecia a sus empresarios está condenado a tener paro o funcionarios.

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