El caso del discutido voto del diputado Alberto Casero, que validó ayer la reforma laboral, tiene todos los visos para acabar en el Tribunal Constitucional. Hoy, tanto socialistas como populares manejan argumentos jurídicos que les permiten enrocarse en sus posturas en contra y a favor de que se anule y repita la votación.
Así, el presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado que la votación de la reforma laboral en el Congreso es un "atropello democrático" y ha anunciado que su partido llegará "hasta el final para que se revierta, recurriendo al Tribunal Constitucional".
El vicesecretario de Participación del PP, Jaime de Olano, ha afirmado que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet "actuó más como una comisaria socialista que como la tercera autoridad del Estado".
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado convencida de que la Mesa del Congreso y la presidenta, Meritxel Batet, habrían escuchado a un diputado que se ha equivocado en su voto si fuera del PSOE, al tiempo que considera que los socialistas están usando el Parlamento "de forma gravísima".
Por el contrario, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha manifestado que "lo que pasó ayer en el Congreso es que se aprobó una magnífica reforma, que es la reforma laboral".
El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha señalado que lo importante es que se haya aprobado la reforma laboral y que "nadie va a discutir a los Servicios Jurídicos del Congreso".
El problema se plantea por las normativas extraordinarias adoptadas en el Congreso de los Diputados como consecuencia de los confinamientos decretados durante la pandemia de Covid.
Los argumentos de PP y Vox
El PP y VOX defienden que el Reglamento del Congreso, aprobado en 2012, establece en su artículo 82, que "el voto emitido por este procedimiento deberá ser verificado personalmente mediante el sistema que, a tal efecto, establecerá la Mesa y obrará en poder de la Presidencia de la Cámara con carácter previo al inicio de la votación correspondiente".
Y en resolución de 21 de mayo de 2012, la Mesa del Congreso aprobó una resolución en la que estableció, modificando el Reglamento, que, tras ejercer el voto telemático, la Presidencia u órgano en quien delegue, comprobará telefónicamente con el diputado autorizado, antes del inicio de la votación presencial en el Pleno, la emisión efectiva del voto y el sentido de este. Una vez verificados dichos extremos, el voto telemático emitido se trasladará a la Presidencia al inicio de la votación presencial en el Pleno para que pueda anunciar el resultado acumulado de las votaciones.
Situación extraordinaria por Covid
Sin embargo, durante la pandemia de Covid se prescindió de la llamada telefónica a cada diputado, aunque no existe un texto oficial que indique que ya no es imprescindible esa llamada y se presté a todo tipo de interpretaciones.
Con la pandemia del Covid, la Mesa del Congreso emitió resoluciones (en marzo de 2020 y octubre de 2021) que modificaban el sistema de votación telemática. En la primera de ellas se hacía referencia al Estado de Alarma y a las especiales circunstancias que se vivían, se establecía que "en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 82 del Reglamento y sin perjuicio de los previsto en la resolución de la Mesa de 21 de mayo de 201, la emisión del voto se hará a través de la intranet de la Cámara, con la introducción de usuario y contraseña, como método de la verificación de la emisión de voto.
Los argumentos del PSOE
En octubre de 2021 se decidió prorrogar la situación, autorizando a la Mesa, mientras "duren las circunstancias que así lo aconsejen a mantener la votación telemática para todos los miembros de la Cámara. El procedimiento era el mismo que se autorizó para el Estado de Alarma, y se incluyó sufrir Covid o los confinamientos como situación autorizada para el voto telemático.
Los socialistas argumentan que el 11 de noviembre de 2021, el entonces ministro José Luis Ábalos explicó que, en la votación para la elección de los candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional, Espejel y Arnaldo, había votado en contra y el voto salió en blanco.
Por el contrario, desde el PP se recuerda que, en julio de 2020, el Congreso se vio obligado a repetir una votación tras detectarse una alteración en el voto de la diputada de Podemos, Marisa Saavedra en una apretada votación sobre el documento de reactivación económica. En aquella ocasión, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, tras ser advertida por los servicios jurídicos de la Cámara, comunicó a última hora de la tarde que anulaba el resultado por un error en la votación.
Doctrina constitucional
El Tribunal Constitucional fijó doctrina en la sentencia 361/20062, en la que establece que en el caso de que exista un problema técnico, la presidencia de la Cámara debe revisar el presunto fallo antes de decidir si procede o no repetir la votación. De no hacerlo, la corte de garantías considera que se estaría vulnerando el derecho de un diputado a ejercer sus funciones en condiciones de igualdad.
La sentencia se refiere a un recurso de amparo planteado por la entonces diputada socialista del Parlamento Vasco Irene Novales, quien tuvo problemas técnicos para votar los Presupuestos de la comunidad autónoma para 2005.
Por ello, que el PP deberá demostrar que la llamada obligatoria de comprobación está vigente o que se trata de un error del sistema y no del diputado, puesto que el sistema exige tres verificaciones expresas del diputado confirmando que no hay error.
A este respecto, el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, considera "imposible" que el sistema de votación telemática de la Cámara cambiara el voto del diputado, por lo que está convencido de que el PP "miente cuando sostiene que Casero votó que no, pero se le computó como un sí".
Mientras tanto, los sindicatos CCOO y UGT en Baleares han criticado que la polémica en la votación de la derogación de la reforma laboral esté eclipsando el "acuerdo histórico" entre patronales y sindicatos.
En declaraciones a los medios en Palma, el secretario general de UGT, Lorenzo Navarro, ha asegurado que la ciudadanía no merece "el espectáculo" de este jueves en el Congreso.
El caso ya está en un juzgado
Esta tarde, el Juzgado de Instrucción Número 47 de Madrid incoó ayer diligencias para determinar si hubo delito informático en la votación por la que en el Congreso se ha aprobado la reforma laboral.
El juez Carretero Sánchez rechazó la solicitud del denunciante para que la Guardia Civil requisara el ordenador con el que votó el diputado del PP y se accediese al Congreso para revisar terminales y sistemas. Carretero considera que no es el momento procesal, pero que pueden adoptarse en el transcurso del procedimiento.
El magistrado ha remitido el caso al Decanato para su reparto al juzgado que corresponda.
