Apenas se escuchan ya los ecos de la COP 26, celebrada en noviembre pasado, y la maquinaria legislativa de la Unión Europea no cesa en el impulso de transformar nuestra economía, para que los europeos cumplamos con el medio ambiente.
Siempre a la altura de los compromisos climáticos mundiales, las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE se sitúan actualmente en torno al 8%. Que cada año nuestras emisiones sean menores es consecuencia del camino recorrido, aunque queda mucho hasta la meta: alcanzar la neutralidad climática en 2050, reduciendo en 2030 las emisiones en al menos un 55% sobre las de 1990 (por delante de lo estipulado en el Acuerdo de París, y al margen de los menores compromisos del resto de países).
La Ley Europea del Clima ha transformado nuestros objetivos de aspiraciones a obligaciones. Cumplirlos requiere revisar toda la legislación europea sobre energía y clima. Por ello, en julio del pasado año, la Comisión Europea presentó la batería de iniciativas legislativas "Fit for 55", a las que se sumaron las de diciembre para el fomento de gases renovables o de bajas emisiones e hidrógeno y la reducción de las emisiones de metano en el sector energético, que se complementarán con nuevas propuestas en 2022.
Comisión Europea, Parlamento Europeo y Consejo tendrán que dedicar muchas horas en 2022 hasta lograr, lo antes posible, los acuerdos necesarios para aprobar esta legislación hoy en negociación.
Todos los sectores de la economía deben contribuir a lograr la neutralidad climática, y por ello se enfrentan a una gran transformación. Los sectores sometidos al régimen de comercio de derecho de emisión (ETS por sus siglas en inglés): generación de electricidad, industria de gran consumo de energía, aviación y, a partir de que se aprueben las propuestas, el sector marítimo, deberán acelerar la reducción de emisiones.
El sector energético también deberá producir más energía renovable, hasta un 40% en 2030, frente al 32% actualmente establecido. En el transporte, además de la integración del sector marítimo y refuerzo de la aviación en el régimen ETS, se creará un régimen diferenciado de comercio de derechos de emisiones para el transporte por carretera. Se modificará la Directiva sobre fiscalidad energética para que la imposición a los carburantes refleje el impacto en el medio ambiente y en nuestra salud.
La industria del automóvil deberá avanzar para fabricar vehículos menos emisores, y cero en 2035. Al igual que en 2030 todos los edificios de nueva construcción.
Los llamados "sectores difusos": agricultura, industria, transporte, edificación y residuos, deberán reducir a mayor ritmo sus emisiones, del 29% actual sobre las de 2005 al 40%.
En 2030 los sumideros naturales deben retirar carbono equivalente a 310 millones de toneladas de CO2, un 15% más sobre la situación actual, y en 2035 se ha propuesto que la silvicultura, la agricultura y ganadería alcancen la neutralidad climática. 3.000 millones de nuevos árboles deben ser plantados en toda la UE hasta 2030.
El riesgo de fuga de carbono, -que las empresas se trasladen allí donde no hay exigencias en materia climática, o son muy menores-, o sustituir productos europeos por importaciones de otros más intensivos en carbono, puede comprometer todos los esfuerzos realizados por la UE desplazando emisiones fuera de nuestras fronteras. Para evitarlo, se establecerá, inicialmente para el hierro, el acero, el cemento, el aluminio, los fertilizantes y la producción de electricidad, un mecanismo de ajuste en frontera que iguale el precio del carbono de productos europeos e importados.
Sin olvidar que, a corto plazo, la lucha contra el cambio climático tiene un coste, especialmente para los hogares más vulnerables y las microempresas, y para lograr un reparto equitativo de los costes de afrontar el cambio climático, se creará un Fondo Social para el Clima.
Sin duda, habrá un impacto importante en las compañías y no es posible lograr nuestros objetivos y obligaciones climáticas sin la participación empresarial. Tanto es así que la Ley Europea del Clima les invita a elaborar sus propias hojas de ruta para alcanzar la neutralidad climática.
Está acordado que el 30% de la financiación europea ordinaria se destine a posibilitar esta transformación de la economía. El 37% en el caso de la financiación comunitaria extraordinaria para paliar los efectos de la crisis del Covid-19. Por ello, 2022 debiera ser un año no solo de impulso normativo, también inversor, compensando la menor ejecución de estos fondos en 2021.
Cada año que pasa es uno menos que tenemos para actuar, en el que se acumulan gases de efecto invernadero en la atmósfera y en el que se consolida la evidencia científica sobre la urgente necesidad de acción climática. Cierto es también que cada año se suman compromisos, acciones, financiación, legislación, conocimiento, investigación, desarrollos tecnológicos y nuevas voluntades, decisiones y contribuciones, públicas y privadas. Esperemos batir récords de todo ello en 2022 y dar un paso decisivo para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París.
