El Congreso de EEUU acaba de dar un paso importante en la aplicación de los planes fiscales del presidente Joe Biden, al aprobar un proyecto de ley de infraestructuras de un billón de dólares. Ahora veremos si la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO) está de acuerdo en que el plan de acompañamiento de 1,75 billones de dólares en gastos sociales y relacionados con el clima está totalmente financiado por impuestos adicionales y otros "pagos", como evidentemente exigen los demócratas moderados.
Este es precisamente el debate que el país necesita. Es un debate, fundamentalmente, sobre qué tipo de sociedad debe ser Estados Unidos y sobre el papel adecuado de la Administración. ¿Debería el Gobierno, para hacer frente a la desigualdad, proporcionar más ayudas para el cuidado de los niños, ya que permite a las mujeres entrar en la fuerza de trabajo y fomenta el desarrollo saludable de la infancia, especialmente entre los jóvenes desfavorecidos? ¿O debería evitar hacerlo, como argumentan algunos, porque sacar el cuidado de los niños del hogar debilita a las familias?
Del mismo modo, ¿debería el gobierno federal, para combatir el cambio climático, invertir en una red de estaciones de carga para vehículos eléctricos, al igual que invirtió en el sistema de autopistas interestatales? ¿O es un problema que puede dejarse en manos del mercado, a pesar de la existencia de efectos de red?
Los recientes debates nos recuerdan que no hay un acuerdo total sobre la conveniencia de tales programas. Pero en lo que sí debería haber acuerdo es en la mejor manera de financiarlos. Y aquí el debate se ha visto desbaratado por los temores injustificados de desastre fiscal.
Los republicanos y los llamados demócratas moderados insisten en que ni las infraestructuras físicas ni las sociales deben financiarse con déficit. Después de haber repartido billones de dólares en ayuda a la pandemia, Estados Unidos ya tiene un déficit enormes y una deuda aplastante. En opinión de la oposición, no puede permitirse más.
Lo que este argumento pasa por alto es que aquí el debate se centra en la inversión pública, no sólo en el pago de transferencias y el consumo público. Las inversiones públicas productivas se amortizan si hacen crecer el denominador de la relación deuda/PIB. Este es el caso más evidente de las infraestructuras físicas que facilitan la descarga de los contenedores, su transporte a los almacenes y la distribución de su contenido, permitiendo a los productores aprovechar las eficiencias de las cadenas de suministro globales. Una mejor infraestructura aumenta el PIB, lo que significa más ingresos fiscales para el servicio y la reducción de la deuda.
Pero el punto se aplica igualmente a la inversión en infraestructura social: la educación preescolar y el aprendizaje permanente generan una mano de obra más productiva. También se aplica a las inversiones en la reducción y adaptación al cambio climático, en la medida en que estos gastos evitan los fenómenos climáticos destructivos que hacen caer el PIB.
El debate sobre estos programas tiende a enmarcarse en términos de valores. Pero también debería ser un debate sobre las tasas de rendimiento y sobre qué inversiones se amortizan. Los países europeos, incluida Alemania, están teniendo este debate. Por qué Estados Unidos no lo hace es un misterio. O tal vez sea menos un misterio que otra indicación de la dificultad de tener un debate racional e informado en el Congreso, sea cual sea el tema.
Pero, ¿más gasto deficitario no crearía un exceso de demanda, agravando un problema de inflación ya preocupante? De hecho, muchos de los programas anteriores que alimentan el déficit van a expirar a finales de año. Los cálculos de la CBO prevén que el déficit como porcentaje del PIB se reduzca del 13,4% este año al 4,7% en 2022.
Se trata de una cantidad alarmante de "arrastre fiscal". Todo el mundo está obsesionado con la inflación y la Reserva Federal, pero tal vez deberían preguntarse cómo se recuperará este gasto perdido.
¿Pero no está la deuda fuera de control? Habiendo superado el 100% del PIB, la deuda pública en manos de los ciudadanos está en niveles sin precedentes. Sin embargo, el servicio de la deuda en relación con el PIB apenas se ha movido desde el cambio de siglo, porque los tipos de interés son hoy un tercio más altos. De acuerdo con la ley actual, la CBO considera que la deuda en manos del público como parte del PIB se reducirá entre 2022 y 2024, a medida que la economía se expanda y los tipos de interés tiendan a subir sólo modestamente.
De hecho, desde ahora hasta el final de la década, las proyecciones de la CBO muestran que la deuda en manos del público como proporción del PIB se reducirá del 102,7% este año al 102,6%. En otras palabras, no hay una crisis inmediata de sostenibilidad de la deuda.
Los gobiernos prudentes presupuestan para las sorpresas. Una crisis energética o un acontecimiento geopolítico podrían precipitar una recesión. Podría haber otro nuevo coronavirus. Los tipos de interés podrían subir más rápido de lo previsto. Ya ha ocurrido antes. Es totalmente apropiado que los gobiernos pidan préstamos para financiar los gastos esenciales durante una emergencia. Y una vez superada la emergencia, es igualmente esencial que los gobiernos restablezcan y mejoren su capacidad de endeudamiento para poder desplegar los mismos recursos fiscales cuando llegue la próxima crisis.
El reto para EEUU es hacerlo gradualmente, de modo que la consolidación de las finanzas públicas no agrave un problema ya existente de arrastre fiscal. Y eso significa no sacrificar las inversiones públicas productivas que se pagan con creces.
