Sirva el título de la afamada novela de John Kennedy Toole para definir la confabulación contra la política de bajada de impuestos del gobierno de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, impulsada por el valenciano Ximo Puig y los independentistas catalanes con la inestimable colaboración del gobierno socialpopulista de Pedro Sánchez, y a la que ahora se ha sumado también el lehendakari del País Vasco, Iñigo Urkullu. Precisamente el máximo responsable de una comunidad cuyas prebendas derivadas del llamado Cupo Vasco han sido denunciadas por otras autonomías, inspectores de Hacienda, reputados fiscalistas y que han sido seriamente cuestionado por la Unión Europea al considerarse como posible "ayuda de Estado ilegal".
Como en la citada obra literaria, galardonada con el Pulitzer de 1981, esta confabulación nacida de la envidia está derivando en una tragicomedia desproporcionada en la cual los conjurados sólo pretenden encubrir el fracaso de sus políticas y su gestión económica, como también ha denunciado el presidente de los empresarios vascos, Eduardo Zubiarre, cuando reconocía que "Euskadi ha perdido competitividad respecto al resto de España" y demandaba públicamente para su comunidad la política fiscal de Díaz Ayuso.
Calificado como "privilegio" por políticos, juristas y analistas económicos, que consideran que provoca una situación de desigualdad frente al resto de los españoles, el cupo vasco es una herencia del carlismo sancionada por la Constitución, que confiere a las diputaciones de esa región la facultad de recaudar de forma directa todos los impuestos y al gobierno autonómico competencias para aprobar normativa fiscal en casi todos los impuestos con una mayor libertad que el resto de comunidades autónomas para subir o bajar tributos.
Si nos atenemos a su aplicación y consecuencia, eso si puede ser calificado de "dumping", y no la política fiscal del gobierno de Isabel Díaz Ayuso en Madrid que lo que hace es usar las competencias que le confiere la legislación vigente para beneficiar a sus ciudadanos, a sus empresas creando empleo y riqueza, mejorando la calidad de los servicios y reduciendo el déficit y el endeudamiento.
Y si del País Vasco pasamos a la Cataluña esquilmada por el independentismo gobernante, sólo hay que atenerse al proyecto de Presupuestos para el año próximo recientemente presentado por la Generalitat, que aumenta el gasto en 5.000 millones de euros, con una deuda reconocida de 79.000 millones, el 33,4 por ciento de su PIB, incluyendo también las cuentas un incremento de funcionarios y de impuestos.
En contraste, la deuda de Madrid es de sólo 35.194, millones, el 15,7 por ciento del PIB regional y la rebaja del IRPF que se recoge en las cuentas madrileñas, además de la supresión de los impuestos propios, supone un ahorro de 300 millones de euros para más de tres millones de contribuyentes que notarán especialmente las rentas más bajas. Ello implica que un madrileño con un salario de 20.000 euros año tributará 340 euros menos que un catalán y 150 euros menos que en las comunidades del PSOE.
Con esta política fiscal Madrid es la comunidad que más recauda, 12.077 millones por renta y patrimonio con los impuestos más bajos, presenta un práctico equilibrio entre los ingresos y los gastos y es también la que más contribuye a la caja común del Estado con 23.000 millones de euros más que Cataluña desde 2009 y aporta el 70 por ciento de las contribuciones al fondo de solidaridad estatal. Los números, como el algodón, no engañan. Y si esto es así, ¿por qué no bajan los impuestos ellos?
Decía el premio Nobel Mario Vargas Llosa que el nacionalismo "es siempre fuente de crispación, de confrontación y de violencia", pero también lleva en su esencia la discriminación y la envidia que, como dice sabiamente el refranero, ciega a los hombres y les imposibilita a pensar con claridad
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