El 62,8% de los recursos que componen la primera entrega de las ayudas europeas Next Generation ya tiene autorización para repartirse. Es más, un 33% se puede considerar asignado, es decir, cuenta con destinatarios comprometidos a recibir esos recursos para invertirlos en los sectores que Bruselas juzga prioritarios.
Sin duda, se trata de porcentajes elevados; no obstante, debe considerarse que solo incumben a una parte reducida del total de fondos europeos destinados a España. En concreto, los Presupuestos de 2022 incluyen en este capítulo los 9.000 millones que la UE desembolsó en agosto, otros 10.000 millones que llegarán en este trimestre y 7.000 millones más que Moncloa anticipará con cargo a las futuras entregas.
Son en conjunto 26.634 millones, aún una pequeña fracción de los 140.000 millones destinados a nuestro país entre transferencias y créditos. Es más, en este primer reparto, todo el protagonismo corresponde al Estado sin que se hayan articulado aún los mecanismos para implicar a autonomías y ayuntamientos.
Puede así afirmarse que se ha dado un primer paso en la gestión de los fondos europeos, pero la tarea pendiente es ímproba. El Banco de España insiste, y la AIReF le secunda, en el "elevado grado de incertidumbre" que existe acerca del calendario de ejecución del grueso de las ayudas europeas y en los malos precedentes de España en el manejo de este tipo de recursos. A todo ello debe sumarse que la llegada de las siguientes partidas está sujeta a condiciones, en concreto, el mantenimiento de la reforma laboral de 2012 y los cambios en el sistema de pensiones.
Se plantean aún, por tanto, incertidumbres de calado sobre la futura gestión de tan importantes ayudas.
