Opinión

Plusvalía municipal, soluciones tras una muerte anunciada

La sentencia del Constitucional con la plusvalía supone una buena oportunidad para modernizar la fiscalidad

El pasado 26 de octubre, el Tribunal Constitucional declaraba la inconstitucionalidad y nulidad de tres artículos de la Ley de Haciendas Locales, los que regulaban la base imponible del impuesto municipal de plusvalía. Esto no era una sorpresa, hacía ya más de cuatro años que el Tribunal Constitucional había declarado que pagar como si se hubiese ganado, cuando en realidad se había perdido era injusto, confiscatorio y en consecuencia inconstitucional. El problema radicaba en que el sistema de fijación de la base imponible, es decir de la magnitud sobre la que recae el impuesto era tan defectuosa que llegaba a producir resultados confiscatorios. Ahora, el Constitucional ha determinado que todo el sistema de fijación de la base imponible es contrario a la Carta Magna.

Después de la sentencia, el impuesto ha quedado herido de muerte. Y esto tiene consecuencias económicas, ya que es el segundo impuesto más recaudatorio de los Ayuntamientos, después del IBI, y en 2019 recaudó más de 2.500 millones de euros. Es cierto que el Tribunal Constitucional ha limitado efectos, con lo que las cuantías que los Ayuntamientos tendrán que devolver serán pequeñas. Esto se debe a que no sólo no tendrán que devolverse los ingresos prescritos, es decir de hace más de cuatro años, sino tampoco las situaciones administrativas y judiciales firmes. Pero, además el Tribunal Constitucional tampoco permite impugnar las autoliquidaciones, es decir declaraciones con ingreso, basándose en la inconstitucionalidad de las normas si no se ha realizado antes de la sentencia.

Éste seguramente va a ser el aspecto más polémico de la sentencia. Si no se hubiesen limitado efectos, y los Ayuntamientos hubiesen tenido que devolver todos los importes cobrados y no prescritos, no sólo se hubiesen tenido que enfrentar a la gestión de decenas de miles de expedientes, sino que también hubiesen tenido que devolver varios miles de millones de euros, con un impacto muy importante no sólo en el déficit público, sino también en los presupuestos y políticas municipales. Estas enormes devoluciones probablemente hubiesen terminado en muchos casos en subidas de impuestos a los demás contribuyentes.

Pero, aunque los Ayuntamientos no tengan que devolver ingresos derivados de la aplicación de un impuesto inconstitucional, de momento se han quedado sin su segunda fuente de ingresos. Es cierto que este impuesto era optativo, con lo que algunos Ayuntamientos no lo habían implantado, pero hay un grave problema para los que sí lo hicieron. Y si se quieren que los Ayuntamientos obtengan ingresos de las plusvalías del suelo en su Ayuntamiento habrá que buscar un sistema que no sea inconstitucional.

Ante esto, la mejor alternativa es aprovechar la situación para modernizar y simplificar el sistema fiscal. Si se quiere gravar una plusvalía, lo lógico es calcularla por diferencia entre el precio de compra y el de venta. Es cierto que eso ya tributa en el IRPF a tipos entre el 19% y el 21%. Ahora bien, los Ayuntamientos podrían exigir un recargo, al menos sobre la plusvalía del suelo. Pero, los Ayuntamientos no tienen los datos, que sí tiene la Agencia Tributaria, en parte y que luego completan los ciudadanos cuando realizan su declaración del IRPF.

Cuando se declara una ganancia de patrimonio por venta de un inmueble en el IRPF, Hacienda ya conoce la referencia catastral y el importe cobrado. Lo que no conoce es el precio de compra, que declara el contribuyente, y que puede ser comprobado, como el resto de los extremos de la declaración. Pero una vez conocido el precio de compra, Hacienda ya tiene todos los elementos para poder calcular un eventual recargo que pueda establecer cualquier Ayuntamiento e ingresárselo. Un sistema similar se puede realizar en el impuesto de sociedades para los inmuebles que vendan las personas jurídicas. Y en otros casos como donaciones o fallecimientos, esto también se podría gestionar por la Agencia Tributaria o en su caso por las Administraciones Autonómicas.

No tiene ningún sentido que el mismo hecho, ganar dinero vendiendo un piso, se declare y se gestione dos veces, de dos formas distintas, porque una parte de los ingresos va a dos administraciones: es duplicar gastos de gestión y tiempo y gastos del contribuyente. De hecho, la mitad del IRPF corresponde a las CCAA y la otra al Estado, y se gestiona como un solo impuesto por la Agencia Tributaria. Y tampoco tiene sentido que conociendo la plusvalía real se tribute con una plusvalía objetiva o ficticia. Y no sólo no tiene sentido, sino que es inconstitucional y no se puede aplicar. Por eso, aunque hayamos tardado cuatro años, aprovechemos la ocasión para simplificar y hacer más moderna y justa la plusvalía municipal: nunca es tarde si la dicha es buena.

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Comentarios 5

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Si, para los que han robado durante cuatro años y piensan en seguir haciéndolo la dicha siempre es buena. Lo que habría que plantearse es devolver lo confiscado y no solo por parte de los ayuntamientos chorizos, que tal es la palabra que los define, sino los funcionarios que los han aplicado y a final de año se han lucrado con un plus extra por recaudación. Ellos también deberían devolver esos dineros con sus intereses. Además, la ministra de Hacienda, la señora María Jesús Montero nos ha robado y lo ha permitido a sabiendas que el Tribunal Constitucional iba a revocar ese impuesto, era una muerte anunciada, pero conscientemente ha seguido aplicándolo, por lo que creo que debe presentar su dimisión si es que le queda algo de dignidad o si no lo hace es que pretende seguir extorsionando al resto de ciudadanos. Una ladrona legal no puede seguir al frente de ese ministerio ya de por sí muy deteriorado en cuento a su honradez y carente por completo de credibilidad. La frase que se está haciendo viral, Hacienda nos roba con la colaboración de sus funcionarios, es tan real, que poco más se puede decir al respecto. Tal vez haya que renovar la fiscalidad como pregona lacónicamente el articulista que hasta la fecha no había escrito nada al respecto, pero también hay que renovar al conjunto de funcionarios de ese ministerio que tan solo piensan en recaudar más para repartirse una paga extra mayor por Navidad. Todo funcionario que aplica leyes injustas a sabiendas que lo son, amparándose en el principio de obediencia debida o en la escusa manida que lo hace por el bien común debería ser expulsado del cuerpo por indigno. Y ese tema sí que les debería preocupar a los propios funcionarios. La señora ministra que ha permitido ese expolio legal a sus ciudadanos debe dimitir por dignidad y sobre todo por defender el buen nombre y la honradez de ese ministerio.

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#1
VIO
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Interesante constatar la manera retorcida de pensar de este funcionario de Hacienda. Se lamenta que la sentencia condena y suprime este impuesto confiscatorio, pero al menos, suspira, ha evitado que los ayuntamientos tengan que devolver lo robado. Si no, de donde lo tendrían que sacar. Acaso deberían subir los impuestos a otros ciudadanos para reparar el daño que han hecho a estos pocos. Así es como piensa un funcionario de Hacienda. También Hacienda nos roba y cuanto te enfila por en medio no piensa en que te arruina con sus multas o te obliga a cerrar el negocio. No, directamente va y te saquea las cuentas bancarias sin ningún miramiento. Pero para los ayuntamientos, no señor, hay que tratarlos con guante blanco, pobrecillos, que les duele devolver lo robado. Así piensan los funcionarios y así hay que aguantarlos. Ni una vez ha nombrado que se pueden asignar bien los recursos que tanto cuestan de conseguir o que se debe evitar el absentismo laboral que en el año 2021 se llevó por delante la friolera de 37.000 millones de euros. No, que el trabajo es malo para la salud y en eso coincide con la ministra del Paro, Yolanda Díaz, y con los sindicalistas Pepe Álvarez y Unai Sordo, para los que robar al estado no es robar, que es bailar y en España siempre estamos de fiesta. Que gente.

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#2
Diego desde Tabarnia
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Impuestos como este, el de donaciones, transmisiones patrimoniales y algunos otros no son más que ROBOS, con mayúsculas, al descubierto, y en la misma cara de las personas ultrajadas. Es una auténtica desfachatez. Durante el franquismo, al que tanto se le ataca y critica, a nadie se le pudo ocurrir hacer atracos descarados como estos.

Y el más ruin, inmoral, vejatorio y humillante es el de Sucesiones. Han de ser realmente muy malas/es personas las que sigan cobrándole a alguien ya fallecido (más en concreto a sus herederos), que se supone estar en paz habiendo tributado religiosamente durante toda su vida.

Yo os maldigo: puercos, canallas, chorizos y maleantes.

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#3
VIO
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¿En que casillero político podemos clasificar a la ministra de Hacienda María Jesús Montero? Ha ocasionado un grave quebranto económico a muchos españoles para los que perder un familiar o haber vendido un inmueble ha sido motivo suficiente para sufrir la extorsión del impuesto de plusvalía y, en lugar de disculparse ante ellos -una vez conocida la sentencia del Tribunal Constitucional-, lejos de hacerlo ha seguido manteniendo un silencio culpable. Ahí la tenemos, arropada por sus funcionarios y por un gabinete de gobierno cómplice de sus fechorías. A lo que parece ni va a dimitir ni a disculparse. Aquí no ha pasado nada. Simplemente se ha robado a unos ciudadanos a los que no se piensa resarcir lo robado. ¿Acaso se habla de dimitir? Tampoco, que ella no ha tenido nada que ver con el asunto aunque se trataba de una muerte anunciada. Si el gobierno de amiguetes de Pedro Sánchez no la destituye de su cargo será un gobierno cómplice. Por otra parte, los afectados, los expoliados, los saqueados no están conformes con su dimisión, también exigen que se la incapacite para ocupar cualquier otro cargo público en el futuro. O es que acaso además de burlados se les toma por estúpidos. Cómo pretenden que así, sin más, lo olviden o lo pasen por alto. ¿Acaso el gobierno no va a tomar ninguna medida disciplinaria contra ella? Pero saben perfectamente que los afectados están en desacuerdo con esta sentencia que les da la razón pero les impide resarcirse del mal causado, ya que con ello se han lucrado los ayuntamientos y, hay amigo, por qué lo tienen que devolver. Qué se chinchen y se aguanten los vecinos y así no se tocan las arcas municipales que son de todos y son muy magras. Ante estos desmanes que parece que van a quedar impunes, por votación popular se le condena a la señora ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a permanecer en la cárcel de papel de El Economista mientras esta noticia permanezca en la portada, expuesta a la opinión de sus lectores y, ojo, tampoco se puede recurrir contra ella.

Puntuación 6
#4
Que bajeis los gastos superfluos, sinverguenzas!!!!
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Estos politicastros son , ya se sabe por desgracia, que son unos sinverguenzas.

No importa robar a la gente de mil maneras con tal de tener el dinero para mandar y seguir mandando

Puntuación 3
#5