Las diversas reformas que se han venido llevando a cabo desde hace un tiempo para garantizar la sostenibilidad de las pensiones públicas conducirán a una reducción de la tasa de sustitución (se estima que podríamos bajar del 80% actual al 50% de cobertura del último salario antes de la jubilación). Por ello, desde todos los ámbitos, incluido el Gobierno, nos están reiterando de forma machacona la idea de que hay que complementar las pensiones públicas para garantizar unos ingresos suficientes a la jubilación.
Esto supone un cambio de paradigma muy grande, sobre todo para las personas con rentas inferiores a 37.900 euros (tope máximo de pensión pública), que hasta la fecha no consideraban necesario ahorrar para la jubilación dado que ya estaban suficientemente cubiertos con la pensión pública. No va a ser fácil cambiar el chip, cuando nuestro subconsciente tradicionalmente ha preferido la retribución inmediata frente a la diferida y el ahorro en inmuebles frente al financiero, y además la crisis económica derivada del coronavirus no ayuda a generar los necesarios excedentes monetarios.
De las dos vías existentes para complementar la pensión pública, el ahorro individual y el propiciado a través del ámbito empresarial, este último es el que, a mi juicio, debería fomentarse.
Desde que en 1987 se publicó la ley de planes y fondos de pensiones el desarrollo de los planes de empleo (los promocionados por las empresas) ha sido inferior al esperado, habiéndose centrado fundamentalmente en las grandes empresas, de tal forma que se ha conseguido que una parte significativa de sus trabajadores estén cubiertos de cara a la jubilación por un plan de pensiones o, en su caso, un contrato de seguro.
Sin embargo, la realidad ha sido tozuda desde hace 40 años y seguimos viendo que el nivel de desarrollo de la previsión social en las pymes no deja de ser anecdótico. Se ha esgrimido que se ha debido a la escasa demanda por parte de los trabajadores, la complejidad técnica de los productos de ahorro y la elevada carga administrativa. Estos argumentos ya no pueden servir de excusa: hay que garantizar unos ingresos adecuados a la jubilación.
En este sentido, la recomendación 16 del acuerdo del Pacto de Toledo ya señala que hay que impulsar los planes de empleo y que debería realizarse a través de la negociación colectiva.
Estoy convencido de que la mejor forma de extender la cobertura a la infinidad de pymes que tenemos en nuestro país es mediante la promoción de planes de pensiones sectoriales, a los que estas se puedan adherir. De esta forma se simplificarían los trámites administrativos y se reducirían las comisiones que cobran las gestoras al concentrarse las inversiones en unos pocos fondos de pensiones.
Este es un modelo que ya se ha demostrado que funciona en nuestro país. Un claro caso de éxito es Geroa EPSV, una entidad de previsión social sin ánimo de lucro que gestiona los ahorros para la jubilación de los trabajadores de 8.560 empresas guipuzcoanas de veinte sectores diferentes, que está obteniendo unas rentabilidades notables con una gestión transparente.
Pero para que realmente haya un salto cualitativo en los planes de empleo es imprescindible que los agentes sociales lo apoyen claramente y que los políticos aprueben medidas legislativas que los incentiven.
El Gobierno, consciente de ello, ha querido dar el primer paso mediante la propuesta de constituir macrofondos de pensiones públicos y de regular modelos simplificados de integración de planes. Su objetivo es reducir las trabas administrativas y rebajar las comisiones estimulando la competencia. Esto es una buena idea, siempre que las empresas y trabajadores tengan libertad de elegir entre fondo público o privado.
Sin embargo, la clave estará en el papel que jugarán la patronal y sindicatos. Hay que huir de las demagogias. Por supuesto que hay que preservar el sistema público de pensiones, pero ello no significa no promover el ahorro privado. Para que los trabajadores tengan una pensión digna es necesario complementarla mediante planes de empresa y, además, conviene que el ahorro se produzca desde el inicio de las carreras profesionales. Puede ser un buen momento para negociar la sustitución de los premios de jubilación o de fidelidad y otros beneficios sociales existentes en los convenios colectivos por aportaciones a planes de pensiones.
Si la vía de la negociación colectiva no diese el impulso necesario, siempre cabría la posibilidad de que los políticos decidan implantar un modelo similar al británico, de adscripción automática. Se trata de un sistema de previsión al que aportan la empresa y el trabajador, en el que este, aunque este es automáticamente adscrito por defecto, puede decidir salirse. Es precisamente la aplicación de principios de la economía conductual lo que ha producido una elevada participación de los trabajadores, cambiando completamente las actitudes hacia el ahorro. Por cierto, este sistema dispone de un gran fondo de pensiones, denominado NEST, gestionado sin ánimo de lucro, bajo tutela pública, al que pueden unirse los planes de las empresas. Algo similar a lo que ha propuesto nuestro Gobierno con los macrofondos.
En definitiva, es imprescindible poner en marcha los mecanismos adecuados para que entre las pensiones públicas y privadas se garantice a los trabajadores un nivel de vida razonable después de la jubilación. Hay numerosas experiencias exitosas en nuestro entorno cercano, por lo que no hace falta inventar nada nuevo. Solo hay que tener la voluntad. ¿A qué esperamos?
