
El anteproyecto de los Presupuestos Generales para 2022 llega al Congreso cuando la emergencia sanitaria queda atrás, pero surge una crisis global en el ámbito energético que en ningún caso debería minusvalorarse.
Por ello, sólo puede sorprender la seguridad con la que se limita su alcance en las previsiones de las futuras Cuentas. El pronóstico de un precio medio del petróleo el año próximo de 60 dólares es muy arriesgado considerando que el barril cotiza ahora a más de 77 y su tendencia es alcista. Aún más dudas despierta la expectativa de Moncloa de una próxima moderación de la inflación, pese a que el IPC ya llegó al 4%, al dar por hecho que los máximos históricos de la electricidad serán pasajeros. Esa presunción no sólo ignora las causas estructurales que encarecen la energía (como los mayores costes de la emisión de CO2 o la falta de inversiones en hidrocarburos). También cierra los ojos a las alertas de los expertos sobre la posibilidad de que los altos precios de la luz se prolonguen incluso durante dos años. El más que previsible incumplimiento de los cálculos del Gobierno sobre los costes energéticos tendrá serias consecuencias. Además de elevar las cargas que ya soportan las empresas y los ciudadanos, el crecimiento se verá dañado y, con él, la ya muy optimista expectativa de una recaudación fiscal récord de más de 232.000 millones. Sobre esa base resultará imposible la rebaja del déficit público al 5% en 2022 que Hacienda da por hecha, y que ya ha sido cuestionada por el FMI.
Sólo puede sorprender el modo en que el Gobierno da por hecha una rápida salida de la crisis energética actual
Si todo ello se suma un impacto de las ayudas europeas también puesto en tela de juicio, en este caso por el Banco de España y la AIRef, la endeble base de los Presupuestos queda en evidencia incluso antes de su aprobación parlamentaria.