Opinión

Una prueba de fuego para el FMI

Kristalina Georgieva, directora genera del FMI

En agosto, el FMI anunció, a bombo y platillo, que sus miembros habían llegado a un acuerdo histórico para emitir 650.000 millones de dólares en derechos especiales de giro (DEG) para hacer frente a la emergencia del Covid. Los DEG son asientos contables que los Gobiernos, a través de los buenos oficios del FMI, pueden convertir en dólares y otras monedas solventes para pagar importaciones esenciales, como las vacunas. Y 650.000 millones de dólares no son poca cosa: es casi el 1% del PIB mundial. Esto podría suponer una gran diferencia para los países pobres afectados por el virus.

El problema es que los DEG se asignan en función de las cuotas de los países, o derechos de préstamo automático, dentro del FMI, y la fórmula de las cuotas depende en gran medida del PIB agregado de los países. Como resultado, apenas el 3% del total de 650.000 millones de dólares se destinó a países de bajos ingresos, y sólo el 30% a mercados emergentes de ingresos medios. Casi el 60% se asignó a países de renta alta a los que no les faltan reservas de divisas ni tienen dificultades para pedir préstamos para financiar sus déficit presupuestarios. Más del 17% se destinó a EEUU, que puede imprimir dólares a voluntad.

La esperanza era que los Gobiernos y el FMI encontraran la manera de que los países de renta alta transfirieran sus DEG a los países en desarrollo que los necesitaran. Hasta ahora, hay pocas señales de progreso en esta dirección. Con la llegada de las reuniones anuales del Fondo este mes, es hora de que la institución - y sus miembros - den un paso adelante.

Los precedentes no son alentadores. En 1965, cuando se empezó a debatir seriamente la creación de los DEG, un grupo de expertos que trabajaba en nombre de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo argumentó que los DEG debían asignarse con vista a satisfacer las necesidades de desarrollo de los países recién independizados. Pero cuando se emitieron los DEG en 1970, se asignaron en proporción a las cuotas de los miembros del FMI.

Luego, en 1972-73, los portavoces de los países en desarrollo propusieron lo que llegó a conocerse como "el vínculo". Pretendían un acuerdo por el que las economías avanzadas obtuvieran un sistema monetario internacional reformado, en el que el DEG desempeñara la función que realizaba el dólar en el ya desaparecido sistema de Bretton Woods, y los países en desarrollo, a cambio de su apoyo, recibieran la mayor parte de la siguiente asignación de DEG. Al final, se aplacó a los países en desarrollo con la promesa de que el vínculo podría considerarse en el futuro, y se llevó a cabo una segunda asignación de DEG. En cuanto al vínculo, no se hizo nada.

Y, más recientemente, cuando se emitieron 250.000 millones de DEG en 2009 en respuesta a la crisis financiera mundial, el FMI volvió a asignarlos según las cuotas de los miembros.

¿Por qué esta vez podría ser diferente? Las asignaciones anteriores se hicieron para mejorar la estabilidad del sistema monetario internacional y la liquidez de los mercados financieros. Estos son, en su mayoría, problemas de los países ricos. Hoy, por el contrario, la razón de ser de la asignación es relajar las restricciones financieras en la lucha contra la pandemia. Y es en los países pobres donde esas limitaciones se hacen sentir. Los Gobiernos de los países ricos lo saben.

Entonces, ¿cómo se podría realizar la transferencia de recursos? El FMI ya cuenta con un Servicio para el Crecimiento y la Reducción de la Pobreza, que proporciona préstamos en condiciones favorables, actualmente a tipo de interés cero, a los países de bajos ingresos. Los países de renta alta podrían utilizarlo para reciclar sus DEG. Pero los países prestatarios tienen que negociar programas con el FMI, lo cual es polémico y lleva mucho tiempo, y sus préstamos están sujetos a elaboradas condiciones. Dado que el Servicio presta menos de 2.000 millones de dólares en un año normal (9.000 millones en 2020), reciclar 400.000 millones de DEG de los países ricos, o incluso una parte de ellos, parece estar fuera de su capacidad.

Hay dos opciones mejores. En primer lugar, los miembros del FMI podrían acordar la creación de un fideicomiso dedicado al Covid. La condicionalidad de sus préstamos se limitaría a verificar que los Gobiernos utilicen sus préstamos en condiciones favorables para obtener vacunas y otros insumos de servicios sanitarios y los administren de forma justa y eficiente. Un control eficaz no sería difícil.

En segundo lugar, los miembros podrían reciclar sus DEG, con la intermediación del FMI, a los bancos regionales de desarrollo, que ya están autorizados a mantener DEG y a convertirlos en dólares y otras monedas. Esto evitaría la centralización del proceso de préstamo en Washington. Los bancos regionales de desarrollo están en contacto con las condiciones locales y no comparten la reputación del FMI de ser un intruso externo que impone condiciones onerosas.

Es evidente que la dirección del FMI tiene sus propias ideas. La directora gerente, Kristalina Georgieva, ha propuesto un fideicomiso de resiliencia y sostenibilidad, financiado con DEG reciclados, que ayudaría a los países pobres a financiar las inversiones en la mitigación y reducción del cambio climático en las próximas décadas.

Todo esto está muy bien. Pero el Covid es el principal reto de 2021. Si el FMI y sus miembros no logran superarlo, ninguna de sus propuestas sobre cómo abordar los retos de las próximas décadas, relacionados con el cambio climático o de otro tipo, se considerará creíble.

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