Cito de memoria, de modo que son todos los que están pero no están todos lo que son. Se dedican o se dedicaron a la política, apareciendo en listas electorales con siglas de partido. Son políticos. Y son: María Teresa Fernández de la Vega (vicepresidenta del Gobierno); Juan Alberto Belloch (ministro de Justicia e Interior y alcalde de Zaragoza); Manuela Carmena (alcaldesa de Madrid); Enrique López (Consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid); Margarita Robles (ministra de Defensa); Grande-Marlaska (ministro de Interior); Mariscal de Gante, (ministra de Justicia); Javier Moscoso, (ministro de la Presidencia); Juan Carlos Campo, (ministro de Justicia); Emilio Olabarría, (diputado del PNV); Cristina Alberdi, (ministra de Cultura); López Guerra, (diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid y secretario de Estado del Ministerio de Justicia); José Antonio Alonso, (ministro de Interior y ministro de Defensa); Álvaro Cuesta, (diputado del PSOE).
La circunstancia que une a todos ellos es que son políticos. Y además, todos ellos han sido vocales del Consejo General del Poder Judicial. Algunos, como Emilio Olabarría, dejaron un día el escaño y al día siguiente se sentaron en el CGPJ. Otros, como Belloch, dejaron el CGPJ precisamente para ser ministros. Y también sin transición alguna. De un día para otro. Las combinaciones son variadas, pero antes o después de su nombramiento como vocales del CGPJ han ejercido la política de partido y consigna, la política de verdad: Cuesta, diputado durante más de treinta años manifestó a la prensa: "Rajoy es tan talibán como Acebes, Zaplana o Aznar" (trivializando el verdadero problema talibán). Y luego fue nombrado vocal del CGPJ. Algunos, como Margarita Robles, no están afiliados pero esa circunstancia no impide su adscripción ideológica y de ejercicio práctico a la política de partido (fue número dos de Belloch en Interior). Porque en este punto del mantenimiento de la candidez independiente (yo voy en las listas, sí, pero soy independiente, oiga) ocurre como en el fútbol, donde los jugadores de un club son cedidos a otro equipo. No son del equipo en el que juegan, pero en ese club meten los goles, entrenan, se someten a su disciplina, visten su camiseta y es donde también ganan los partidos y progresan profesionalmente.
Todos estos vocales eligieron varios presidentes del Tribunal Supremo, de los diversos TSJ, de Audiencias, de Salas penales, de vértices de la estructura judicial. Los eligieron recién llegados del Parlamento, todavía con el perfume partidario del órgano de partido al que pertenecían o un minuto antes de ser nombrados ministros. O los eligieron y fueron después nombrados ministros.
El CGPJ es un órgano politizado. Quizá haya quien, como el ilustre Bolaños –que en un país serio estaría cesado- sostenga que la elección del CGPJ es democrática (contra de lo que las instituciones europeas llevan años denunciando). Pero, más allá de eso, recurramos a otras instituciones. Fernández de la Vega es ahora presidenta del Consejo de Estado; Enrique López ha sido magistrado del Tribunal Constitucional, como López Guerra; Mariscal de Gante es vocal del Tribunal de Cuentas; Moscoso fue Fiscal General del Estado.
En instituciones que deben ser exquisitamente neutrales e imparciales penetran sin asombro y con naturalidad –y esa actitud es la peor- los nombres de partido. Cabe preguntarse si los partidos quieren realmente instituciones independientes o si pretenden ocuparlas con sillas, nombres, apellidos, biografías y recompensas que aseguren sus intereses. Cabe la pregunta, desde luego. Lo que no cabe es una respuesta que oculte que no solo el CGPJ, sino que el conjunto del sistema institucional del Estado, padece una hipertrofia partidista.
Para renovar el CGPJ es mucho más fácil (como se viene diciendo por quienes opinan en libertad) reformar el sistema de elección ahora, antes de la renovación (solo 176 votos hacen falta) y renovar después de acuerdo a un mecanismo democrático que hacerlo al revés: elegir ahora nombres de listas espurias e interesadas, trufadas de políticos y de intereses para intentar reformar luego. Porque esto, si se renueva ahora el CGPJ antes de una reforma democrática, no ocurrirá. A los partidos no les interesa el cambio. Por eso no lo acometen. Sin embargo, ahora, la reforma puede ser rápida y sencilla.
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