La presión a la que el Gobierno se ve sometido por el constante alza del precio de la luz tiene un efecto inquietante.
La vicepresidenta Ribera abre la puerta a no renovar las licencias de centrales hidroeléctricas que venzan para dejarlas en manos de una empresa pública. Ribera se alinea con las reivindicaciones de Podemos a favor de la creación de una eléctrica estatal.
Sorprende que la ministra abogue por una medida que no sólo resultaría inútil para solucionar el actual problema en el mercado energético. Además, supone repetir el error de recurrir al intervencionismo en la economía, pese a las nefastas consecuencias que se ven en ejemplos recientes, como la eléctrica del Ayuntamiento de Barcelona, muy endeudada y con altos precios.
