Sin ánimo de minimizar la evidente mejoría del empleo en julio que refrenda los resultados avanzados por la EPA, pero lejos también de la euforia propagandística del Gobierno, lo cierto es que la lectura entre líneas de los datos de ambos indicadores de nuestro mercado laboral, junto a las incertidumbres derivadas de la evolución de la pandemia, la espiral inflacionista, las subidas fiscales y la desconfianza en la gestión de los fondos europeos, aconsejan más, como dice la CEOE, hablar de prudencia y de reformas que de recuperación y de optimismo.
Las incertidumbres sobre el impacto de la quinta ola del COVID en el turismo, la imparable subida de la tarifa eléctrica y de los carburantes con el consiguiente efecto inflacionista, la pérdida de competitividad exterior de nuestra economía por el alza de los precios y la depreciación de la moneda en relación con los bienes, junto con la incertidumbre sobre la prórroga de los Erte que vencen en septiembre, son demasiadas nubes y demasiado negras como para no calificar de imprudencia o directamente de quimera, las palabras del presidente del Gobierno cuando afirma que "hemos pasado de la España de la resistencia a la España de la recuperación". Palabras que, por cierto, recuerdan mucho a las que pronunciara a principios del pasado verano cuando anunciaba que habíamos vencido al Covid, y ya vimos la que nos cayó después.
Antes que preocuparse de lanzar mensajes triunfalistas y verdades a medias para intentar dar la vuelta a las encuestas, desde La Moncloa y el Ministerio de Trabajo deberían recodar que tanto el segundo trimestre del año como el mes de julio son tradicionalmente positivos para el empleo debido al relanzamiento de la contratación por la temporada de verano. Y que como resaltan desde el Gabinete de Estudios de USO, en este año cualquier comparación con 2020 "siempre será superpositiva ya que en él se dieron los efectos más severos, en cuanto al empleo, de la Covid-19", dado que fue entre marzo y junio del año pasado cuando se dieron los niveles más bajo de ocupación. Además de que seguimos en niveles inferiores a los que teníamos en 2019, como refleja el hecho de que la caída del empleo en el segundo trimestre de 2020 fue de 1.074.000 trabajadores, mientras que en este último trimestre sólo ha crecido en 464.900, lo que nos arroja un saldo negativo de 609.100 empleos perdidos.
Cierto es que la EPA constata que el paro ha bajado en 110.100 personas entre marzo y junio últimos, lo que rebaja la cifra de parados oficiales a 3.543.800, personas, cifra en la que no se incluyen los 331.486 trabajadores que siguen en los Erte, el medio millón de autónomos en cese de actividad o los parados que realizan cursos de formación que nos llevarían a una cifra real en el entorno de cinco millones de trabajadores sin empleo. Un descenso trimestral que, por otra parte, no puede hacernos olvidar que en la comparación anual la cifra total de desempleados en España se ha incrementado en 175.900 personas durante el último año.
Y desde el punto de vista de las contratación resaltar que el incremento registrado durante el segundo trimestre obedece fundamentalmente a los contratos temporales que suponen el 76% del total, mientras que en el mes de julio sólo nueve de cada cien contratos formalizados son indefinidos. Y en variación anual, el número de asalariados creció en el trimestre en 980.600, de los que únicamente 314.100 son contratos indefinidos y 665.500 temporales, elevando la tasa de temporalidad hasta el 25,06 por ciento, el doble de la media europea.
Si a todo esto añadimos que el crecimiento del empleo público supera en más de un punto porcentual al del sector privado, el 6,62% frente al 5,53%, lo que supone un elemento preocupante y distorsionador sobre la naturaleza de la recuperación, habrá que convenir en que, como dice el refranero popular, no es oro todo lo que reluce. Y menos aún en la economía y en el mercado de trabajo.
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