Tradicionalmente, en España, la participación de las empresas en la ejecución de proyectos de cooperación al desarrollo ha sido escasa, al contrario de lo que sucede en muchos de los países de nuestro entorno, lo cual requiere una explicación.
Precisamente, aquellos países que más ayuda oficial al desarrollo prestan, otorgan gran importancia a la participación de sus empresas en este tipo de proyectos. Es más, casi ningún país, por no decir ninguno, prescinde voluntariamente de la participación empresarial, en el convencimiento de que su aportación en experiencia, know-how y capacidad de gestión, contribuye positivamente a aumentar tanto la eficiencia como y la eficacia de los proyectos. Y, por supuesto, contribuye al desarrollo económico y social de los países beneficiarios, repercutiendo positivamente, en las empresas e imagen del país de origen.
Así ocurre con Francia, Alemania, Reino Unido o Japón, cuyas políticas de Cooperación al Desarrollo van orientadas, además de a ofrecer ayuda en sí, a potenciar la visibilidad de sus capacidades nacionales técnicas y económicas, lo que favorece el conocimiento y penetración de sus empresas, en los respectivos países de destino.
Por otra parte, la ONU en la Agenda 2030, señala que el papel de la empresa es esencial para avanzar en el desarrollo económico, pues son éstas las que crean riqueza y empleo. Específicamente dos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 8 y el 17, son claros en este sentido.
Las empresas españolas y no casualmente, cuentan con una amplia experiencia y participan muy activamente, en proyectos y en concursos internacionales, dirigidos a países en vías de desarrollo y que financian bancos multilaterales de desarrollo. Prestan servicios de asistencia técnica, como consultoría e ingeniería, suministran bienes como, por ejemplo, equipamiento hospitalario e igualmente y construyen obras de infraestructura, del tipo de plantas de tratamiento de agua.
Pero como decíamos más arriba, nuestras empresas apenas ejecutan proyectos financiados por la ayuda oficial al desarrollo española (AOD). No resulta fácil realizar un diagnóstico preciso de las razones, entre otras causas por la carencia de información y porque, además, ésta es a menudo confusa.
Dos hechos, no obstante, parecerían ser los principales causantes. Por un lado y muy especialmente, la imagen sobre la empresa que tienen algunos actores e instituciones de la cooperación, que ha estado empañada por un cierto quijotismo, en el que la obtención de beneficios se llega a considerar como algo carente de visión social, egoísta y alejado del bien común. Este planteamiento no tiene en cuenta que la decisión de quien o cómo se deben ejecutar los proyectos, no debería estar basada en consideraciones de tipo ideológico, sino en meros criterios de eficacia y eficiencia ("value for money"). No podemos olvidar, en ningún momento, que la ayuda oficial al desarrollo se financia con nuestros impuestos.
El otro hecho que explica la ausencia de la empresa en la AOD, lo constituyen los recortes experimentados en AOD, que entre 2009 y 2015 descendió un 68%. Recortes que no se han aplicado, prácticamente, a las aportaciones a instituciones supranacionales, ni a la reducción de gastos operativos, que han disminuido en mucha menor medida.
Ambos problemas deben enfrentarse, con un proyecto país que se recoge, en parte, en la estrategia de Acción Exterior 2021-2024 del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, que ha sido recientemente aprobada, poniendo en valor el papel de la empresa.
Otro aspecto importante al que no se ha atendido habitualmente con la profundidad necesaria y que supone una de las particularidades que concurren en España, respecto de sus políticas de cooperación al desarrollo, es que la ayuda oficial no se canaliza mediante programas bilaterales entre España y el país beneficiario de la ayuda, sino que se dirige, fundamentalmente, a través de aportaciones a instituciones supranacionales.
Con los datos correspondientes a 2018 en la mano, un 64% de la ayuda oficial se destinó a instituciones multilaterales, y únicamente el 27% directamente a programas bilaterales. Se trata de una proporción que contrasta sensiblemente con la casuística de los países de la OCDE, cuya aportación media a programas bilaterales fue casi el doble, alcanzando el 49%.
Las consecuencias que se derivan de la cesión directa de fondos a instituciones no españolas es que, a la postre, son éstas las que se encargan de ejecutar los programas y proyectos. Ello resulta en una pérdida de visibilidad, experiencia, influencia y decisión sobre la ayuda, amén de diluirse sustancialmente nuestra imagen en los países beneficiarios.
Por todo ello, con el fin de corregir esta situación, sería aconsejable aumentar de manera sustancial y transparente la información sobre futuras actividades que se vayan a realizar (el mapa de los proyectos que se van a financiar, los importes, países beneficiarios, calendario tentativo, etc.), así como sobre los concursos que se vayan a convocar para la compra de bienes, servicios y obras destinados a dichos proyectos.
Asimismo, también sería deseable incrementar significativamente los programas bilaterales que financia la cooperación española directamente, en línea con lo que hacen otros países de nuestro entorno, aunque ello se haga a cambio de disminuir las aportaciones a instituciones multilaterales. Y en la misma línea, ayudaría poder aumentar de manera relevante los programas de asistencia técnica, destinados a favorecer la actividad del sector privado en países en desarrollo y economías emergentes, así como volver a establecer mecanismos en España para poder realizar donaciones no reembolsables para estudios dirigidos a identificar, formular y analizar la viabilidad de proyectos. Estas actuaciones permitirían una mayor presencia de la empresa española en los programas de la AOD.
En definitiva, todas estas propuestas van encaminadas a aproximar las prácticas de la cooperación española a las de otros países de nuestro entorno. El sistema español de AOD necesita modernizarse y realizar cambios profundos. Se trataría de hacer realidad una nueva visión de la AOD, en la que empresas participen más en la ejecución de proyectos y que permita mejorar la imagen e influencia de España en los países beneficiarios de nuestra ayuda.
Entidades
Rafael Ruiz-Villar
Coordinador del Comité de Reflexión sobre Internacionalización. Presidente Ayudexport
