Un documento del que se va a hablar mucho en los próximos tiempos es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Un instrumento estratégico aprobado el 25 de septiembre de 2015 por su Asamblea con el ambicioso fin -que reza en su título- de "transformar nuestro mundo" y que cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como son, entre otros, el fin de la pobreza y el hambre, la consecución de la igualdad de género, la defensa de los ecosistemas, la lucha contra el cambio climático.
La importancia de este documento deviene de su carácter global en cuanto a sus objetivos y sus destinatarios, siendo éstos, sin excepción, la totalidad de los habitantes de nuestro mundo. Y sus objetivos son igualmente globales, por cuanto se refieren a una serie de ámbitos en los que, dentro del común objetivo de la sostenibilidad en su aspecto más plural, persiguen la consecución de derechos básicos y esenciales de la persona en orden a su más adecuado desarrollo. En este sentido, aspectos como la gobernanza, la sostenibilidad de los recursos del planeta o la igualdad en todas sus manifestaciones, suponen la plasmación de unos derechos y principios tan esenciales como los recogidos en otros textos de referencia como pueden ser la Declaración Universal de los Derechos Humanos o nuestra propia Constitución.
Si hablamos por tanto de principios, derechos y también objetivos reconocidos ya en diversos documentos internacionales y nacionales, ¿Cuál es la novedad de la Agenda o qué trata ésta de aportar de nuevo?
En primer lugar, la idea de globalidad que recoge el documento hace que trascienda a las instituciones políticas -a las que también se refiere- para traducirse en una aplicación plena que tiene como figura central al ser humano y al mundo en el que habita, superando, así, ámbitos de acción concretos, ya se definan éstos en base a criterios políticos, culturales o geográficos. Esta globalidad en el alcance de los objetivos de la Agenda marca una especial dimensión internacional del documento que se traduce, sobre la figura del ser humano, en superar localismos ajenos a la actual configuración de nuestra sociedad. Como ha dejado escrito Ángel Gabilondo, "el mundo no acaba en el banco de nuestro barrio, el mundo no acaba en nuestra ciudad, ni en nuestro país. Nada humano nos es ajeno. Ningún humano nos es ajeno".
En segundo lugar, resulta importante el que estemos ante un instrumento "llamado a la acción", esto es, a su implementación más efectiva a través del compromiso acordado y asumido por los países integrantes de la Organización. No ha de considerarse, por tanto, como un documento inspirador o meramente programático, a modo de mera recomendación, sino que apela éste a un compromiso real en base a su efectiva implementación en todas y cada una de las políticas públicas a las que se refiere y en todos los niveles de gobierno -internacional, nacional, regional y local-.
Además, ese amplio alcance del documento no se reduce al plano institucional sino que, centrado en la figura de cada persona, se extiende al conjunto de éstas, a las cuales se reconoce como agentes activos de la Agenda a todos los niveles (empresarial, asociativo e incluso particular).
Esta universalidad de destinatarios, que se engloba en lo que se denomina la "gobernanza de la agenda", es la que define el alcance de ésta a modo de una verdadera Carta Magna comprensiva de objetivos compartidos, derechos y obligaciones que son asumidos con el ánimo de transformar este mundo por medio de una serie de acciones, que, una vez puestas en práctica, vendrán seguidas de un proceso de evaluación continuo. En España esta línea de acción tiene su arranque en el "Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 2030" aprobado por el Consejo de Ministros el 29 de junio de 2018, y al que han seguido diversas iniciativas paralelas tanto en el ámbito regional como local con la participación del ámbito universitario y del sector privado.
Se parte así de la articulación de nueve "medidas palancas" que se refieren a uno o a varios de los ODS establecidos en la Estrategia sobre la base de la identificación en ésta de unas "áreas clave" donde es preciso actuar: igualdad -en sus diversas dimensiones de género, intergeneracional, de ingresos y territorial; lucha contra la pobreza y la exclusión social, especialmente en la infancia; cambio climático y transición ecológica de la economía; política sostenible de agua; desarrollo rural territorial; la i+D-i; potenciación del diálogo social; y el papel de la empresa en el respeto y promoción de los derechos humanos.
Sobre esta base, y con una amplia difusión y conocimiento de la Agenda, corresponde a todos el más pronto inicio de su implementación en todos los ámbitos, públicos y privados, a través de medidas transformadoras tanto de nuestra realidad más cercana como de aquella que, menos próxima en términos espaciales como puede la referida a otros países, sin embargo nos afecta también directamente en el seno de un mundo cada día más global. Para ello, es deber, en primer lugar de los poderes públicos, el situar la Agenda en el centro de sus políticas y acciones -comenzando por las de carácter normativo y presupuestario- con referencias explícitas a los ODS perseguidos, e impulsando alianzas para alcanzarlos entre todos los actores implicados, y haciendo, a la par, de aquellos una referencia constante e identificable, con vocación de traslación a todos los ámbitos y a la ciudadanía en definitiva.
Sólo así se podrá dar realidad a una ambiciosa estrategia que no puede, ni debe, quedarse en una mera declaración de intenciones, sino que ha de servir para concretar en nuestro mundo, también en nuestro país, objetivos y derechos esenciales ¿Sabremos y querremos llevarlos a efecto? El camino está marcado.
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