Opinión

Era post COVID: el encarecimiento desorbitado de los materiales de construcción

Las obras en curso pierden los márgenes por la subida de precios de la construcción

Estamos viviendo una subida de precios sin precedente en la mayoría de las materias primas básicas de construcción que está afectado gravemente a la producción en curso de todas las empresas del sector, independientemente de su tamaño, tanto en el ámbito de la edificación como en obra civil. Los registros de evoluciones de precios nacionales e internacionales confirman fuertes incrementos (partiendo del precio mínimo del 2020 con respecto al último dato publicado en 2021) en acero corrugado (+78%), cobre (+102%), aluminio (+56%), petróleo (+106%) y mezclas bituminosas (+85%) y se mantendrían, para los metales, hasta diciembre de 2022 según la cotización del mercado de futuros de la London Metal Exchange (LME).

Los estudios realizados sobre la incidencia de estos incrementos en los contratos en ejecución concluyen que por cada punto porcentual de incremento del coste de los materiales se consume o detrae entre un 10,5% y un 13% del margen neto del contrato. Y a la vista de los incrementos registrados hasta la fecha, no es exagerado anticipar que la coyuntura actual de precios no solo ha consumido la totalidad del margen presupuestado en las obras en curso sino que les aboca a una pérdida de tal magnitud que hace inviable su ejecución.

Además, esta circunstancia coincide con la puesta en marcha de importantes planes inversores de recuperación en las mayores economías, lo que supondrá un histórico incremento de la demanda global de inversión en construcción e infraestructuras, y, en consecuencia, de materiales, y un nuevo factor de presión al alza en los niveles de precios futuros, lo que podría comprometer tanto la actividad en curso como la futura ejecución de importantes inversiones.

A esta situación se une, además, una ausencia de mecanismos de revisión de precios en los contratos de obras públicas, ello debido a la reforma realizada en la Ley de Contratos del Sector Público en 2007 (Ley 30/2007) que transformó dicho procedimiento de obligatorio a discrecional por parte de los órganos de contratación, suponiendo, en la práctica, su casi completa desaparición de los pliegos de contratación. Asimismo, al encarecimiento de precios, se añaden tensiones en la disponibilidad de determinados materiales, cuyo suministro por parte de los proveedores está condicionado en muchos casos a la aceptación de unas ofertas de suministro con cláusulas de revisión de precios semanales. Lo anterior, además de poner en peligro el equilibrio económico de los contratos, al tener que afrontar las empresas contratistas incrementos de precios superiores al 100%, puede poner en riesgo el cumplimiento de los plazos contractuales de las obras.

Este problema de inflación viene derivado de la reactivación de la demanda mundial tras la crisis sanitaria y de un histórico incremento del precio del transporte internacional marítimo de contenedores -el Drewry World Container Index de Bloomberg registra en el último año un incremento del 485% en la ruta Shanghái - Rotterdam y del + 293% en el agregado de las 8 rutas euroasiáticas con mayor tráfico de contenedores de 40 pies -.

Resolverlo requeriría actuar, por un lado y con carácter urgente, en las obras en curso, habilitando una norma especial que, con carácter excepcional, permita resolver esta situación mientras persista la inflación, instrumentando prórrogas y compensaciones por la parte de incremento de precios que excede al riesgo operacional asumido por los contratistas y, para los nuevos contratos, incorporar, con carácter obligatorio, los mecanismos de revisión de precios recogidos en nuestra regulación en todos los pliegos de contratación, lo que requeriría modificar la Ley de Contratos del Sector Público, así como la revisión del actual procedimiento de determinación de los índices de revisión de precios de contratos de las AAPP.

Hay que señalar también que los índices oficiales de precios de materiales publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el ejercicio 2020 no recogen la evolución real de precios registrada en el mercado en dicho periodo, originando un déficit de 30, 17 y 15 puntos porcentuales con respecto al aumento real de los precios del acero corrugado, aluminio primario y cobre, respectivamente.

Desde otras organizaciones, como la Confederación Nacional de la construcción, CNC, la Asociación Nacional de Distribuidores de cerámica y materiales de construcción, (ANDIMAC) la Federación Europea de la Construcción (FIEC) y patronales de países vecinos como Francia, Les Travaux Publics, también han denunciado este hecho apuntando que sin revisión de precios desaparece el elemento fundamental para el reequilibrio de los contratos y que es necesario hacer reformas normativas para solucionarlo.

Es por tanto prioritario acometer estas reformas para aprovechar la oportunidad que nos brinda el Fondo de Recuperación de la Unión Europea y evitar que el problema impacte negativamente en la economía y desarrollo de nuestro país.

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