España está comprometida con el cumplimiento de la Agenda 2030 de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la asamblea general de la ONU el 25 de septiembre de 2015. La Agenda plantea 17 Objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental. Y entre sus objetivos de desarrollo sostenible (ODS), destacan, por su relación directa con la necesidad de infraestructuras, la salud y bienestar (ODS 3), el agua limpia y saneamiento (ODS 6), la energía asequible y no contaminante (ODS 7), la industria, innovación e infraestructura (ODS 9), las ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11) y la vida y ecosistemas terrestres (ODS 15).
El Gobierno español, por acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de junio de 2018, aprobó el "Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 2030: hacia una estrategia de desarrollo sostenible", que se compone de dos partes principales: por un lado, el estado de los ODS en España, la situación de partida, con referencia a indicadores estadísticos y una cartografía de responsabilidades competenciales de todos los departamentos, y, por otra, las acciones a través de las cuales se impulsará la Agenda en 2018-2020, las nuevas políticas y medidas públicas, gobernanza de la Agenda, mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas de todos los actores.
SEOPAN, hace más de un año, cuando aún no se vislumbraban los devastadores efectos de la pandemia por la Covid-19, presentó un informe en el que valoró en más de 157.000 millones de euros las necesidades de inversión en infraestructuras prioritarias para poder cumplir los objetivos inmediatos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Para alcanzar este objetivo, señalábamos la necesidad de acudir a la colaboración público privada -como vienen haciendo de forma recurrente los países más avanzados de la OCDE- dada la creciente necesidad de destinar más recursos presupuestarios a atender el creciente gasto social.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española, presentado el 7 de octubre pasado, y que deberá ayudar a paliar los efectos de la Covid-19 mediante las ayudas europeas a la recuperación (fondos "Next Generation-UE") apuesta, entre otras líneas directrices, por la colaboración público privada para aumentar la capacidad de inversión de sus proyectos tractores y llegar al conjunto de nuestro tejido productivo.
El déficit inversor no se resolverá sin un modelo concesional que se apoye en la financiación privada
En concreto, considera que por cada euro público invertido se pueden movilizar cuatro euros privados - lo que implicaría una movilización de más de 500.000 millones de euros de inversión del sector privado, adicional a los 140.000 millones de fondos públicos del Plan Next Generation EU que le corresponden a nuestro país.
La inversión en infraestructuras, además de ser necesaria para el cumplimiento de la Agenda 2030, constituye un instrumento o palanca clave para el desarrollo de la actividad económica y el empleo. En nuestro informe de hace un año, calculábamos que la realización de las inversiones propuestas generaría, durante 2021-2030, 144.870 millones de euros de actividad económica inducida, más de 2.362.000 nuevos empleos a tiempo completo y 157.000 millones de euros de beneficio social durante su vida útil, y todo ello, con apenas un 9% de volumen de importaciones en la demanda final.
Sin embargo, nuestros distintos gobiernos centrales, y pese a que cuentan con larga experiencia y con empresas líderes en la promoción de concesiones de infraestructuras y servicios, con más de 285.000 millones de dólares invertidos por sus compañías desde 1985 en todo el mundo, han venido manteniendo durante la última década un injustificado prejuicio hacia la colaboración público-privada. Así, tras la crisis financiera de 2008, y coincidiendo prácticamente con el inicio de la consolidación fiscal en enero de 2010, en lugar de haber apostado y promovido las fórmulas de colaboración público privada para la inversión en infraestructuras, se han abandonado hasta prácticamente desaparecer de la contratación pública nacional.
Basta indicar que la media anual, en términos nominales, de valor de concesiones de infraestructuras licitadas en España en 2003-2011, de 5.691 millones de euros/año, supera al volumen total de concesiones licitadas en 2012-2020, de apenas 4.771 millones, con una licitación mínima histórica en 2020, de apenas 55 millones, más de 100 veces inferior al volumen licitado en 2003.
La falta de voluntad política de nuestros Gobiernos centrales para apoyar decididamente la colaboración público-privada actúa, además, por la vía de hecho, como un veto para que las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos puedan, en ejercicio de sus competencias, aprobar sus planes de concesiones. La causa de ello reside en el Real Decreto de desarrollo de la Ley de desindexación de la economía española, que impone obligatoriamente a todas las administraciones públicas, para el cálculo del periodo de recuperación de las inversiones, una tasa de descuento (actualmente el 2,1%) muy inferior a la real del mercado financiero lo que, en la práctica, hace inviable cualquier contrato de concesión. La insuficiencia de esta tasa de descuento es, por otra parte, expresamente reconocida por el Gobierno que, mediante el Real Decreto Ley 36/2020, para la agilización de trámites que permitan realizar en plazo las reformas e inversiones del Plan de Recuperación, permite que esta tasa de descuento se incremente casi al doble, pero únicamente cuando se trate de concesiones que se financien con fondos europeos de recuperación.
Menor ratio de inversión
A pesar de la indudable contribución y oportunidad que representan los fondos Next Generation-UE hasta 2026 para nuestro país, no tenemos capacidad presupuestaria suficiente para resolver el desafío inversor de la Agenda 2030 y a la vez atender el imparable crecimiento de gasto público en protección social, salud y educación. Y sin un modelo concesional que se apoye en la financiación privada, que no altera un ápice la titularidad pública de nuestras infraestructuras, difícilmente resolveremos el déficit inversor acumulado en nuestro país durante la última década, aumentando con ello, aún más, la brecha inversora con las economías más desarrolladas, y afectando a nuestra competitividad y bienestar social. España sigue teniendo el menor ratio de inversión pública de la UE, de 1.276 euros/km2 por millón de habitantes, y nuestra inversión planificada en 2021-2022, en términos absolutos, es un 64% inferior a la media de las cuatro mayores economías europeas.
Recuperar la colaboración público-privada es por tanto imprescindible para garantizar el desarrollo de nuestro país, y remover los obstáculos reglamentarios que ahora impiden que las Administraciones Públicas puedan valerse de este modelo de financiación constituye, a mi juicio, una prioridad que, desde la responsabilidad política, debe afrontarse.
