La regulación fiscal más severa en España que se está estableciendo sobre las inversiones y el mayor intervencionismo por parte de los poderes públicos, confluye en lo que se empieza a concretar como una deslocalización de capitales hacia otros países a causa de las asimetrías fiscales. Luxemburgo, por ejemplo, es plaza apetecible como destino de patrimonios, fondos o vehículos de inversión.
Recientemente, algún banquero español ha alertado sobre la intervención política en la banca y los efectos negativos de la misma, con ínfulas por parte de los poderes políticos de influir en el gobierno de las entidades y la orientación crediticia hacia determinados agentes económicos públicos o privados. Obviamente, esa vis intervencionista no es ajena al relato de los reajustes de plantilla de las entidades financieras, los ERE, ni tampoco a las discutidas retribuciones de las cúpulas directivas de la banca, los bonus, cuando además el sector financiero se debate en la disyuntiva de los repartos de dividendos en un momento en el que se pide cautela para acolchonar fondos suficientes ante los riesgos diferidos dimanantes de los créditos concedidos a raíz de la crisis de la Covid.
Uno de los motivos de la deslocalización antedicha es el de los cambios de fiscalidad en trance de modificación sobre las sicav, que pasarían a tributar al 25% por el Impuesto sobre Sociedades versus el 1% actual, si no elevan su mínimo de inversión a 2.500 euros por partícipe o a 247.500 euros entre todos los minoristas.
Si se confirma ese flujo de deslocalización, España no solo perderá consistencia inversora, sino encanto como destino en cuanto a capacidad de atracción para capitales foráneos. No es lo mismo gestionar inversiones colectivas desde aquí que hacerlo desde Luxemburgo, Frankfurt, Dublín u otros rincones de Europa.
Actualmente, el sector inversor que integra a fondos, planes de pensiones y sicav maneja 308.000 millones de euros en España.
Otra consideración a propósito de ese intervencionismo. Las inversiones que están llegando procedentes de Estados Unidos y que normalmente se vehiculizaban constituyendo una filial en España, optan ahora por canalizar la inversión directamente desde suelo estadounidense y así contar con la protección de la jurisdicción norteamericana. Clara falta de confianza en el exceso de intervencionismo político de España.
Acabo hablando de la luz que, después de tantas idas y venidas sobre el nuevo recibo y con su precio disparándose, el Gobierno decide que temporalmente se descargue de impuestos.
Si sube su precio, automáticamente suben los impuestos que pagamos en el recibo. Más factura eléctrica este año, supone recaudar por parte de Hacienda unos 9.000 millones más y si sumamos cargas autonómicas y otras nos vamos a 10.000 millones más de caja para las arcas públicas. Al margen de los peajes, al recibo se le añade el 5% del impuesto eléctrico, para luego aplicar el 21% de IVA y el 7% de impuesto a la producción. La luz se encarece y no solo es por una cuestión de estricto precio… De ahí que el Ejecutivo decida que el IVA temporalmente baje del 21% al 10% en algunos casos, que no todos.
Suponemos que la medida seguirá vigente mientras se intenta contener el coste de la electricidad en un país en que, por las circunstancias que sea y tal vez por decisiones que en su día no fueron las más acertadas, muestra dependencia del exterior para sus fuentes de energía. Y es que España en el tema energético ofrece una debilidad evidente: importamos energía e importamos petróleo, lo que nos impide un control más estricto de los precios de inputs que están al dictado de lo que digan nuestros importadores. Y el precio de la energía en nuestro sector industrial se convierte en una cruz que en ocasiones recomienda deslocalizar factorías…
