Opinión

Sudoku asistencial de la sanidad pública española

Urge una mayor colaboración entre la sanidad pública y la privada

La sanidad pública española afronta un sudoku asistencial de resolución compleja. Son muchos los vectores que visibilizan las limitadas capacidades de su infraestructura y recursos actuales en el contexto que vivimos. El puzzle es de este calibre: a la atención del 75% de los cuatro millones de afectados por el contagio del COVID (el resto lo gestiona la sanidad privada), se une la obstinada estrategia de vacunación a toda la población española en exclusiva mediante recursos públicos, la gestión ordinaria de las necesidades asistenciales en todo el territorio y, por último, hay que añadir la asistencia sanitaria del agravamiento de otras patologías no-COVID por la demora en los diagnósticos y tratamientos registrada en el último año, que ha derivado en una inasumible congestión de las listas de espera.

Por tanto, si se quiere resolver este rompecabezas en el que se encuentra la sanidad pública española es oportuno un giro copernicano en una estrategia demoledora para los ya constreñidos recursos de una sanidad española que, según un informe comparativo de los sistemas sanitarios de la UE en 2019, se sitúa de partida por detrás de once países europeos en relación con el porcentaje de PIB destinado a gasto sanitario (8,9%).

Para lograr un equilibrio asistencial y de disposición de medios, humanos y técnicos, hemos tendido la mano desde la sanidad privada en innumerables ocasiones para sumar nuestra considerable capacidad asistencial instalada. Somos sensibles con la problemática y nos sentimos parte de la solución. Y así se lo hemos hecho saber a todos los responsables sanitarios, nacionales y autonómicos, de todo signo político.

Durante la pandemia se ha constatado la eficiencia colaborativa entre las dos partes del Sistema Nacional de Salud, público y privado. Todos los profesionales sanitarios, independientemente de dónde ejerzan su actividad, reman en una misma dirección: la de salvar vidas. Sin embargo, y pese a los problemas que afectan a la red de atención sanitaria pública, asistimos a una temeraria exclusión de los recursos sanitarios privados.

Aplaudimos la renovación y ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de Salud anunciadas recientemente en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con una inversión estimada superior a 1.000 millones de euros. Lo cierto es que la atención primaria requiere esfuerzos debido a un alarmante incremento en las listas de espera cuyas consecuencias a medio y largo plazo son clínicamente preocupantes.

Pongamos sobre la mesa datos importantes que llaman a la reflexión. El tiempo de espera medio para intervenciones quirúrgicas en el sistema público es de 170 días, según información del propio Ministerio de Sanidad (actualizada a junio de 2020), cuando un año atrás era de 115 días. Ha aumentado en casi un 50%. Y si hablamos del tiempo medio de espera para consultas nos situamos en 115 días, frente a los 81 días de junio de 2019. Más de un 40% superior. Y esto a junio de 2020, sin contar la segunda, tercera y cuarta ola de la pandemia, que según los territorios, ha desencadenado en sucesivas desprogramaciones.

La alarmante ralentización de las intervenciones quirúrgicas y de las pruebas diagnósticas, junto al resto de "tareas" en marcha, deben alentar la confianza a la ya demostrada capacidad colaborativa público-privada y no a consignas que invitan a excluir a la sanidad privada de la solución por un infundado riesgo de privatización del sistema público.

La complementariedad de los recursos sanitarios públicos y privados es una herramienta clave de gestión. Los responsables políticos debieran favorecer, sin titubeos, la resolución de los problemas de gobernanza, operatividad eficiente y recursos financieros imprescindibles para integrar toda la capacidad sanitaria del país para salir de esta crisis sanitaria. ¿Por qué no se cuenta en estos momentos más que nunca, con la sanidad privada, con sus más de 450 hospitales y 360.000 profesionales?

Mirando a Europa, observamos como Alemania, Francia, Grecia, Italia, Polonia, Rumania o Suiza han incorporado sin complejos a la sanidad privada en sus estrategias de lucha contra el COVID y la vacunación poblacional. Asistimos también al acuerdo entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo y la CEOE para colaborar con 7.000 enfermeras en la estrategia de vacunación. Llama la atención que Sanidad no haya pretendido alcanzar un acuerdo con la sanidad privada pero Seguridad Social sí lo haga con las mutuas. Nos hemos ofrecido, de forma reiterada, a colaborar en la vacunación, pero de la misma forma lo hacemos en estos momentos para reducir las listas de espera que prolongan en exceso la debida atención y seguimiento de multitud de patologías.

Situar al paciente en el centro debe ser una prioridad, para que la asistencia sanitaria sea integral y se haga un mejor uso de los distintos recursos. Por tanto, mantenemos la mano tendida para estrechar la colaboración en todo aquello que mejore la salud de las personas ante la preocupante situación de la atención médica ordinaria. El tiempo perdido es imperdonable en coste de salud ciudadana.

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