La ministra de Sanidad, en un gesto más de su interminable capacidad de contraponer aliados, quiere poner en un brete a los médicos que elijan si quieren trabajar en la sanidad pública o en la privada porque lo ve incompatible. Y la nueva ocurrencia es un relato sacado de un tebeo: ¿te gusta más la Coca-Cola o la Pepsi?
En los próximos 15 años, aproximadamente 2,8 millones de pacientes que utilizan exclusivamente la sanidad privada para sus consultas de especialistas podrían quedarse sin atención especializada si no se toman medidas para reemplazar, al ritmo necesario, al 40% de los médicos que se habrán jubilado de aquí a 2040.
En las próximas décadas, el Estado de Bienestar tiene comprometida su sostenibilidad. El envejecimiento poblacional nos enfrenta a un reto de compleja resolución para el sistema. La antinatural y envejecida pirámide demográfica, con récords de incremento interanual, sitúa a junio de 2023 el porcentaje de personas mayores de 64 años por encima del 20% de la población española, cuando en 1973 suponía el 10%. La combinación con la baja natalidad (con una media de 1,16 hijos por mujer, la segunda más baja de la UE) y la elevada esperanza de vida -de media unos 83 años -la más alta de la UE y dentro de las diez primeras a nivel mundial- es un cóctel de dudosa digestión económica.
Pocas legislaturas se recuerdan tan desafiantes como esta que acaba en materia de salud y gobernanza sanitaria. Ha sido un periodo de una enorme complejidad, marcado por una pandemia sin precedentes, cuyas consecuencias aún padecemos con la primera de las crisis sanitarias que, en mi opinión, acontece en nuestro sistema: las mayores listas de espera de las últimas décadas.
La sanidad pública española afronta un sudoku asistencial de resolución compleja. Son muchos los vectores que visibilizan las limitadas capacidades de su infraestructura y recursos actuales en el contexto que vivimos. El puzzle es de este calibre: a la atención del 75% de los cuatro millones de afectados por el contagio del COVID (el resto lo gestiona la sanidad privada), se une la obstinada estrategia de vacunación a toda la población española en exclusiva mediante recursos públicos, la gestión ordinaria de las necesidades asistenciales en todo el territorio y, por último, hay que añadir la asistencia sanitaria del agravamiento de otras patologías no-COVID por la demora en los diagnósticos y tratamientos registrada en el último año, que ha derivado en una inasumible congestión de las listas de espera.
Desde las entrañas del sistema sanitario asistimos desconcertados a decisiones políticas que, una vez más, nos confirman que en demasiadas ocasiones la ideología se antepone al bien común.