Desde las entrañas del sistema sanitario asistimos desconcertados a decisiones políticas que, una vez más, nos confirman que en demasiadas ocasiones la ideología se antepone al bien común.
El bienestar y la salud de las personas, que deberían ser nuestra prioridad siempre, y más si cabe en la crisis pandémica que vivimos y enfrentamos, queda relegado a un segundo plano por una decisión controvertida de carácter doctrinal, aunque no basada en términos de beneficios de salud para el interés general. La eficacia de la colaboración público-privada y del sistema concesional en materia sanitaria es, nuevamente, oportunamente eclipsada en este momento para transmitir a la ciudadanía que se refuerza la sanidad pública cuando, a tenor de los datos, es precisamente todo lo contrario.
La Generalitat Valenciana ha comunicado recientemente al grupo hospitalario Ribera Salud que recuperará la gestión del Departamento de Salud de Torrevieja, Alicante, cuando en octubre del año que viene concluya el actual contrato concesional. Si el argumento esgrimido es "reforzar la sanidad pública, mejorar su calidad, eficiencia y universalidad", ¿por qué no revelan, con datos de antes y después, los ratios de gestión privada de la infraestructura sanitaria pública? ¿No se merecen los ciudadanos datos objetivos con transparencia y seriedad? ¿Qué subyace de fondo? Un artificio claro: hay que combatir la privatización de la sanidad. Vuelve el falso mensaje del proceso privatizador repetido con empalago. La decisión es puramente ideológica y generará perjuicios asistenciales a más de 140.000 ciudadanos.
Los propios informes oficiales y auditorías de la Generalitat Valenciana avalan la eficacia del modelo de gestión del Departamento de Salud de Torrevieja, coordinado bajo concesión administrativa desde 2005. Buenos resultados que se iban a ver reforzados por una inversión adicional comprometida por el grupo empresarial para la renovación del acuerdo de 40 millones de euros para el periodo 2021-2026 y que convertiría al departamento en el de mayor inversión por habitante de toda la Comunidad Valenciana. Desde el punto de vista económico, el informe de la Sindicatura de Cuentas valenciana refleja que la asistencia sanitaria integral de la población de este distrito sanitario supone un ahorro del gasto corriente público de 45 millones al año, lo que se traduce en un 30% de ahorro sobre el gasto medio de los hospitales de su misma categoría.
Además, el Hospital de Torrevieja tiene las menores listas de espera de toda la Comunidad Valenciana, con 56 días de media. Si, como ha declarado la consellera valenciana de Salud, el único criterio ha de ser el de "eficiencia sanitaria a partir de la optimización de los recursos necesarios y suficientes para cubrir adecuadamente la demanda de la población", atengámonos a estos informes y a los datos que avalan que el fin de esta concesión no va a suponer ningún beneficio, ni para las arcas autonómicas ni para la atención de los ciudadanos.
Desde la patronal de la Sanidad Privada española no nos mostraríamos tan contundentes si no fuera porque, como dice el refrán, llueve sobre mojado. Una experiencia similar, vivida también en la propia Comunidad Valenciana, demuestra la ineficacia de una reversión de este tipo. Se trata del Hospital de La Ribera, en Alzira, gestionado por Ribera Salud hasta 2018 y cuyo fin de la concesión ha generado un sobrecoste de 76 millones de euros. Según los últimos datos oficiales publicados por la propia Conselleria de Sanidad, en los dos últimos años se han triplicado las listas de espera. A lo que hay que añadir el colapso de las urgencias, la falta de camas en hospitalización y también de profesionales.
Por otro lado, y volviendo a Torrevieja, la colaboración público-privada ha demostrado su compromiso con el sistema público de salud y su eficacia y rapidez en la gestión del coronavirus: desde la compra de material a la adaptación de sus infraestructuras, pasando por la protección de sus profesionales, con las tasas de contagio más bajas del sistema.
Resulta imprescindible recordar que la sanidad privada es un sector estratégico que emplea en España a más de 266.000 profesionales. Somos parte esencial del Sistema Nacional de Salud y el sistema de conciertos de colaboración público-privada es un modelo complementario probadamente eficaz - presente en la región valenciana desde 1999- y que contribuye a elevar la calidad y opción asistencial del conjunto de la ciudadanía. Rechacemos el falso mensaje de privatización porque hablamos de hospitales cuya titularidad es pública, algo que en ningún momento se trata de poner en cuestión.
A este punto no nos queda más que hacer un llamamiento a la reflexión de quienes, en el ámbito de la responsabilidad política que les compete, deberían tomar las mejores decisiones para proteger la salud de la ciudadanía. De otro modo, las medidas de carácter ideológico que no tienen en cuenta los datos ni la satisfacción de los pacientes harán insostenible el sistema de salud de la Comunidad Valenciana. Creemos que aventurarse a detraer recursos humanos, económicos y materiales de la salud pública en una pandemia que ya se ha llevado por delante decenas de miles de vidas en nuestro país es arriesgado e inoportuno. Estamos a tiempo de rectificar, por el bien de nuestros pacientes.
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