Madrid
El planteamiento que nos sirve este Gobierno en relación a la reducción de la jornada laboral nos acerca a una situación inasumible en el sector sanitario que penalizará a los pacientes. Hagamos cuentas. Si se suprimen 2,5 horas a la semana por trabajador, se dejarían de trabajar 130 al año, es decir, nos acercaríamos a casi seis días menos por trabajador. Pero cuando ampliamos este cálculo al conjunto de los profesionales asistenciales intrahospitalario y extrahospitalario del sistema nacional de salud, incluyendo la sanidad pública y la privada, debemos contar con 212 mil médicos y 346 mil profesionales de enfermería. Por tanto, la nueva ley de este Gobierno provocaría la supresión de más de 72,5 millones de horas, lo que representa 1,93 millones de jornadas laborales de médicos y enfermeros. ¿Alguien piensa que, con los peores datos de la serie histórica de listas de espera quirúrgicas, de atención ambulatoria y diagnóstica, estamos en condiciones en España de perder dos millones de jornadas laborales de personal sanitario? Si hay menos atención sanitaria, la conclusión es clara: se amplían las listas de espera.
A mí, desde luego, me parece una pésima decisión política. Puede ser, eso sí, que para el Gobierno lo prioritario ahora es "mejorar la vida de los trabajadores por justicia", si bien de forma injusta perjudicamos la salud de los pacientes que esperan a que la sanidad pública, fundamentalmente, tutele su derecho a la protección de la salud recogida en el artículo 43 de la Constitución Española. La ministra de Sanidad tal vez podría haber dicho alguna reflexión de este estilo a la vicepresidenta y ministra de trabajo. Y no seré yo quien niegue categóricamente que la propuesta de reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales puede ser bienintencionada, pero en el caso del sistema sanitario resulta, sencillamente, inasumible, que se produzcan o no las reformas estructurales con relación al empleo sanitario que hemos pedido hasta la saciedad. Con todo, nuestras empresas siempre han velado por el bienestar laboral de nuestros profesionales sanitarios. Hay mucha casuística en negociaciones colectivas que han dado fruto, como son diversos convenios que instan a jornadas laborales inferiores a las 40 horas, buscando siempre el momento y el acuerdo adecuado, adaptando sus infraestructuras de forma consistente y pensada. Lo que vemos ahora, en cambio, es una decisión unilateral, que no ha buscado el consenso y que pretende llevar de forma generalizada decisiones que no siempre son posibles.
En un país que ya sufre una alarmante escasez de médicos —especialmente en algunas especialidades—, esta medida, lejos de aliviar la situación, la agravará hasta niveles críticos. La realidad es clara y preocupante: no hay suficientes médicos. Las jubilaciones, que se han acelerado en los últimos años, seguirán aumentando en la próxima década. A esto se suma una tasa de reposición claramente insuficiente. Formar a un médico en España lleva más de una década entre carrera y especialidad. ¿Cómo vamos a cubrir turnos, guardias y consultas si se acorta la jornada sin incrementar proporcionalmente el número de profesionales?
En la sanidad privada, que desempeña un papel clave en el sistema nacional de salud, conocemos muy bien las dificultades para cubrir vacantes, sobre todo en medicina de familia, pediatría, anestesia o psiquiatría. La reducción de jornada solo agudizará un problema que ya es estructural. No podemos permitirnos medidas que aumenten la demanda asistencial sin garantizar los recursos humanos para atenderla. La solución no puede ser improvisar o cargar más trabajo sobre los profesionales actuales, ya de por sí sometidos a alta presión.
Desde nuestra organización proponemos soluciones realistas que tendrán su peso en el medio y largo plazo. Por un lado, aumentar de forma sostenida y planificada las plazas MIR según las necesidades reales del sistema. Además, es necesario ampliar la oferta de plazas universitarias en medicina, reforzando al mismo tiempo los recursos docentes y clínicos. De igual forma, hay que agilizar los trámites de homologación para médicos extracomunitarios que acrediten una formación adecuada, al tiempo que se establezcan incentivos para el retorno de médicos españoles que hoy ejercen en el extranjero. Por último, es necesario potenciar la colaboración público-privada en la formación sanitaria especializada, aprovechando las capacidades asistenciales y docentes de la red privada.
La sanidad no puede ser objeto de decisiones políticas sin planificación. Apostar por la reducción de jornada sin un plan ambicioso de formación y retención de médicos puede comprometer seriamente la calidad asistencial en los próximos años. España necesita más médicos, no menos horas médicas. Si no actuamos ya, pagaremos las consecuencias en forma de listas de espera, saturación y, lo que es peor, deterioro en la atención a los ciudadanos.
